Entre tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, alertó de la violencia en la que está resbalando el país a raíz de las seis personas que murieron durante las protestas ciudadanas contra la nueva Constitución que será sometida a referéndum el próximo día 15.
Sostuvo que una de las principales razones para "la desastrosa situación" que vive Egipto desde hace dos semanas ha sido la falta de voluntad de incluir a importantes actores nacionales en el proceso de redacción de la Constitución.
La representante de la ONU destacó que, su discurso al país de ayer, el presidente Mohamed Mursi haya convocado a un diálogo nacional, aunque al mismo tiempo lamentó que no se pronunciara sobre cuestiones esenciales relacionadas con la Constitución y que son objeto de crítica por una parte de la opinión pública.
Se refirió, por ejemplo, a la falta de una referencia a los tratados internacionales de derechos humanos que Egipto ha ratificado, contrariamente al texto constitucional todavía vigente -desde 1971- y que reconoce el carácter legal de esos tratados.
También lamentó que a pesar de que se garantiza la igualdad ante ley en derechos y deberes, sobre una base no discriminatoria, el texto "no prohíba de forma explícita la discriminación por razones de género, sexo, origen o religión", al tiempo que mantiene a la ley coránica ("Sharia") como fuente de derecho y de jurisprudencia.
En esta línea, el borrador de Constitución garantiza la libertad de credo, pero sólo menciona a las tres religiones monoteístas, lo que igualmente preocupa por el tratamiento que podrían recibir el resto de comunidades religiosas, incluida la Bahai, que representa una minoría en Egipto.
Otra cuestión que preocupa a Pillay tiene que ver con que la libertad de expresión quede garantizada, pero con limitaciones en casos que tengan que ver con la vida privada y la seguridad nacional, mientras que se concede al Consejo Nacional de Medios el rol de regular la profesional, lo que se considera que podría ser "muy problemático".
Asimismo, le inquieta que aunque quede prohibido el juicio de civiles en tribunales militares, se reconozca una excepción en casos de delitos contra las fuerzas armadas.
Entre los puntos positivos que observa están la limitación del mandato presidencial a dos periodos de cuatro años cada uno y la inclusión del derecho a establecer asociaciones e instituciones civiles.
El ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle, también apeló a todas las partes "a no permitir este viernes que se caliente aún más la situación".
El conflicto estalló este 22 de noviembre, cuando Mursi sacó un decreto presidencial que blinda sus poderes y las decisiones de la Cámara alta del Parlamento y la Asamblea Constituyente,y además impide cualquier objeción judicial contra el proyecto de nueva Constitución, que se someterá a referéndum nacional sobre el texto el 15 de diciembre.
Por eso los jueces y fiscales del país llevan en huelga más de dos semanas.
La oposición lleva dos semanas de acampada en la emblemática plaza Tahrir, centro emblemático de las manifestaciones contra el ex dictador Hosni Mubarak.
Agencias