La resolución deja en manos de la Fuerza Armada el resguardo de la integridad física de las personas y sus bienes.
La resolución señala que los efectivos de seguridad acuartelados sólo podrán intervenir o actuar previa autorización expresa del Ceofanb, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.
Además, se deberá continuar con la prestación de sus servicios para garantizar la seguridad pública, de acuerdo con la jurisdicción correspondiente de cada cuerpo de policía, así como las misiones encomendadas por el Ceofanb para este propósito.
En la misma resolución, también se establece la suspensión del porte de armas por todo el país durante el mismo tiempo que rige el acuartelamiento de los cuerpos policiales.
Los períodos y horarios establecidos en esta resolución podrán ser prorrogados en caso de ser necesario.