«Esta venta traerá una reducción de la diversidad y pluralidad en el conjunto de los medios del país, y además tendrá un efecto silenciador de la crítica en la televisión venezolana», dijo a la AFP Carlos Correa, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Espacio Público.
«Los propietarios decidieron vender forzados por la inviabilidad política y económica del canal, sometido al hostigamiento sistemático del gobierno, por lo que está claro que los nuevos dueños cambiarán la línea editorial y la oposición perderá un espacio para expresarse», agregó Correa.
El presidente encargado y candidato del chavismo a las elecciones del 14 de abril, Nicolás Maduro, dijo este miércoles de madrugada que los dueños de Globovisión vendieron el canal porque saben que la oposición va «a perder las elecciones» y decidieron irse del país.
Maduro aseguró también que seguramente ahora las «compuertas de esa planta televisiva se abrirán a la democracia verdadera».
La venta de la mayoría accionaria de Globovisión fue anunciada hace un mes por la directiva del canal, que adujo que presiones políticas del gobierno y el cúmulo de juicios y procedimientos administrativos hacían «inviable» al canal.
Juan Domingo Cordero, el comprador, es un economista y empresario ligado al negocio bursátil, bancario y asegurador. Fue presidente de la Bolsa de Valores de Caracas (1989-1993) y desde 2008 es el principal accionista de Seguros La Vitalicia, según la prensa.
Algunos trabajadores del canal incluso apuntan a que Cordero «tendría vínculos directos con sectores del oficialismo» y aseguran que eliminará la línea crítica de Globovisión.
Mientras que otros aseguran que la directiva saliente les pidió «un voto de confianza» para el comprador y esperan que tanto sus empleos como la línea editorial de Globovisión sobrevivan al cambio de dueños.
Pero Marcelino Bisbal, profesor de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró a la AFP que «el comprador sabe muy bien que Globovisión tiene fecha de vencimiento en 2015, cuando se le vence la concesión que le otorga el Estado, y que el gobierno ya ha dicho que no le renovará».
El recién fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) no renovó en 2007 la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), una de las más populares del país con 53 años de historia y muy crítica del gobierno, y su frecuencia pasó a ser usada por la estatal TVES. El gobierno acusaba entonces de «golpistas» a los directivos de RCTV.
«Sabiendo que la primera opción de ganar las presidenciales la tiene el candidato oficialista, el comprador seguro piensa cambiar la línea editorial e informativa para garantizar su inversión», explicó Bisbal.
La venta, que según expertos fue cerrada por unos 80 millones de dólares y se concretará el 15 de abril, comprende 80% de las acciones del canal, que están en manos de dos familias. El otro 20% de la televisora fue confiscado por el gobierno hace tres años a su propietario, que sostiene demandas contra el Estado para recuperarlo.
Globovisión es el único canal crítico con el gobierno que queda transmitiendo en señal abierta, aunque con un alcance limitado a Caracas y la cercana ciudad de Valencia.
Sin embargo, según Correa, la señal de Globovisión «llega por cable a muchas otras partes y tiene un peso importante en la configuración de la agenda pública, con temas que introduce la oposición».
«Con la venta se perderá una ventana fundamental por la que se han logrado expresar y denunciar planteamientos que no tienen cabida en otros canales», explicó la comunicadora Gloria Cuenca.
La televisora, en el aire desde 1994, acumula varias sanciones administrativas, multimillonarias multas y ha sido amenazada de cierre en varias ocasiones por el gobierno, que acusa a los socios del canal de «terroristas mediáticos» y lo apoda «Globoterror».
Los responsables de Globovision han asegurado que son objeto de una persecución política debido a su línea editorial. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura que las acciones en su contra responden a razones estrictamente legales.
Para evitar el embargo de bienes y que le revocaran la concesión de la frecuencia, el medio pagó a mediados del año pasado una multa de 2,1 millones dólares que le impuso el ente regulador Conatel, tras acusarlo de hacer «apología del delito» en la cobertura periodística de un sangriento motín carcelario en junio de 2011.
Uno de los dueños del canal, Guillermo Zuloaga, actualmente en Estados Unidos, es buscado además por la justicia venezolana que lo acusa de usura y asociación para delinquir.
«Sólo si ganara (el candidato opositor) Henrique Capriles podría quizás deshacerse la venta de Globovisión y evitarse la neutralización total de la televisión venezolana», apuntó Bisbal.
DC/ÚN