«Consideramos que contienen supuestos y están formuladas de tal manera que transgreden nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados hasta hoy», indicó en un discurso Angelino Garzón, Vicepresidente de Colombia, al justificar el rechazo de 26 de esas recomendaciones, informó AFP.
Entre las recomendaciones rechazadas destacó la propuesta de Alemania, que pidió «medidas eficaces para luchar contra la impunidad y asegurar que la reforma de la justicia penal militar no conduzca a la impunidad de los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad».
«La Justicia Penal Militar no conlleva la impunidad. En Colombia no hay impunidad generalizada», señaló la delegación colombiana en una réplica escrita distribuida durante la sesión pública durante la cual se presentó el documento.
Colombia rechazó también la recomendación de que tales violaciones sean juzgadas por «tribunales civiles» (Australia), que «se limite la autoridad de los tribunales militares, que están asumiendo funciones de la justicia civil» (Rusia), que se ponga fin «a la impunidad» que favorece a «oficiales militares de alto rango», y a la «violencia sexual contra las mujeres» (Corea del Sur).
Perú, México, Costa Rica, Túnez, Filipinas, Eslovenia, Turquía, Montenegro, Guatemala y Uruguay asimismo vieron rechazadas sus peticiones para que Colombia ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, que autoriza a los expertos independientes de Naciones Unidas a realizar visitas sorpresivas a lugares de detención donde se sospeche que se practica la tortura.
Bajo la fórmula de «tomar nota», Colombia se refirió a otras ocho recomendaciones, pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU considera que esa fórmula equivale a un rechazo.
Entre esas otras ocho recomendaciones figuran la creación de una Comisión de la Verdad «para facilitar la justicia y la paz en el país» (Trinidad y Tobago), «reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio y a la adopción» (Islandia), y «garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual», particularmente «en el contexto del conflicto armado» (Finlandia).
DC/Ginebra/AFP