Responsabilizó a la oposición venezolana de causar estos actos vandálicos por sus mensajes directos y subliminales a través de los medios de comunicación y redes sociales.
Informó que hasta el momento se contabilizan 9 fallecidos y 78 personas lesionadas.
La fiscal explicó que dentro de los fallecidos dos son del sector La Limonera, municipio Baruta, estado Miranda. Por este hecho está privado de libertad una persona de nombre Moamer Rodríguez a quien se le imputó el delito de homicidio calificado por motivos innobles.
En el Zulia, en la parroquia Antonio Romero un grupo de personas simpatizantes del chavismo celebraban el triunfo del presidente electo y esa celebración fue embestida por un camión 350 en una acción cargada de odio, dejando como saldo dos personas muertas específicamente dos niños de 11 y 12 años y resultaron heridos diez personas más, dijo.
Agregó que por este caso está retenido el camión involucrado y hay una orden de captura.
Indicó que en Mérida un grupo de personas trancaron el paso e incendiaron cauchos, lo que ocasionó 9 personas lesionadas. Mientras que en el estado Táchira se encuentran detenidas tres personas.
En el estado Lara, la fiscal señaló que un grupo de opositores lanzaron objetos incendiarios a las instalaciones de Cantv y por eso hay 9 detenidos.
Enumeró y mencionó los Centros de Diagnósitico Integral que fueron atacados y asediados por presuntos grupos de la derecha.
Denuncias
Ortega Díaz enfatizó que a los privados de libertad por los hechos de violencia nunca se les maltrató como en algunos medios de comunicación reflejaron en sus ediciones.
Entre el 22 y 23 recibimos una serie de denuncias que vienen acompañadas por una matriz mediática, aseguró. Añadió que incluso hubo casos donde primero se dieron a conocer en los medios antes de ser presentados ante el ente judicial.
Desmintió a un diario de circulación nacional por haber titulado: «195 detenidos maltratados es el balance tras comicios», enfatizando que en Venezuela ni mucho menos en el Ministerio Público se violaban los derechos humanos y que por el contrario se respetaba a los privados de libertad.
La fiscal general de la República afirma que los medios de comunicación privados pretenden ocultar y que quieren «desviar la atención sobre los hechos que han impactado a la colectividad, por el grado de violencia y agresividad con que se han efectuado».
DC