De nada sirvió que el primo de la joven de entre 18 y 20 años se arrepintiera de su gesto y la devolviera a su familia.
Su padre pidió consejo a tres líderes religiosos del pueblo para lavar la afrenta hecha al honor familiar. El padre de Halima y los tres jueces que mandaron asesinarla no han esperado a ver si las autoridades les iban a juzgar. Tras haber asegurado el honor de la familia de la joven, huyeron y están en paradero desconocido.
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este martes en un comunicado la violencia endémica que sigue golpeando a las mujeres en Afganistán y la falta de reacción de las autoridades ante este tipo de actos.
El Gobierno afgano aprobó en 2009 una Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer que, en teoría, debía sancionar los matrimonios forzosos, las violaciones, y la violencia física contra las mujeres. En la práctica, la ley ha servido de poco en un país donde, con frecuencia, son los líderes religiosos o las propias familias quienes ejercen la justicia.
DC/ El País