«No se le ha permitido contacto ni con la familia ni con su abogada. La mamá, su abogada no saben exactamente cuál es su condición física», declaró el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, en una conferencia de prensa.
Alvarado dijo que a Sánchez «se le está aplicando una ley que no se le debería aplicar y se le está violando el debido proceso» al no permitirle hablar con su abogada.
«El primer derecho de cualquier persona detenida es poder hablar con su abogado», señaló.
Sánchez generó un momento de tensión el pasado 19 de abril en el acto de juramentación de Maduro, al que asistieron unos 17 jefes de Estado y Gobierno de distintas partes del mundo, cuando sorpresivamente se precipitó sobre el mandatario y le pidió ayuda a los gritos antes de ser detenido por el personal de seguridad.
Un tribunal del Área Metropolitana de Caracas dictó su privación de libertad el 20 de abril, un día después del acto de posesión, y ordenó su reclusión en una cárcel en el estado Falcón (noroeste).
El tribunal libró la medida bajo cargos de «presunta ofensa agravada al jefe de Gobierno y asociación».
Tras interrumpir su discurso de posesión, Maduro declaró «superado» el incidente, que terminó sin consecuencias, e indicó que después conversaría «con este muchacho» de quien se preguntó «quién sabe qué desesperación trae».
DC/Últimas Noticias