Canberra, que demandó en 2010 a Tokio por encubrir con argumentos científicos la venta de carne de cetáceo, pide ahora a los jueces que acaben con dicha práctica.
Tokio, de su lado, asegura que sus incursiones en aguas oceánicas del Polo Sur -saldadas con un millar de capturas anuales- responden a fines científicos. Son, por tanto, legales en virtud del artículo VIII de la Convención Internacional de 1946 que regula la caza y comercio de cetáceos para la investigación. El consumo posterior responde, según asegura, al aprovechamiento de los subproductos balleneros exigido por la Convención.
Diferimos en un solo extremo, la caza de ballenas, para la que pedimos una definición exacta de lo que constituye un interés científico. Japón ejerce una actividad comercial enmascarada, pero atesoramos nuestra buena sintonía y esta es la mejor manera de resolver diferencias entre dos países amigos, aseguró la delegación australiana durante la apertura de la vista oral del caso.
A continuación, sus asesores legales, Bill Campbell y Justin Gleeson, señalaron que no es preciso matar ballenas para estudiarlas; hay programas estadísticos y otros métodos no letales para ello, dijo Campbell. Incluso una caza periódica debería ser evaluada para evitar que repercuta en la población de cetáceos. Es decir, Japón no busca un equilibrio entre comercio y conservación.
Australia y Japón pertenecen a la Comisión Ballenera Internacional (CBI), surgida de la Convención Internacional misma. De la regulación inicial de la caza y el comercio de hace seis décadas, se pasó a la conservación, animada por la presión popular.
En 1972, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano aprobó en Estocolmo una propuesta de aplazar durante una década las capturas comerciales. Así podría recuperarse la población de cetáceos amenazados de extinción.
Entre 2008 y 2009, Japón capturó 1.004 piezas (en particular rorcuales aliblancos), 681 en aguas de la Antártida. El bloqueo de sus barcos balleneros en alta mar por parte de organizaciones conservacionistas como Sea Shepherd, ha contribuido a que la temporada de caza se acorte.
Si bien la carne continúa en los menús nipones, la demanda ha caído: en 1962 había 230.000 toneladas almacenadas; en 2009 eran 4.200 toneladas. Noruega e Islandia, que no participan en este diferendo, también promueven la caza controlada para usos comerciales.
La fase oral del caso, a la que se sumará Nueva Zelanda a favor de la tesis australiana, concluirá el próximo 16 de julio. La decisión del TIJ puede tardar meses en tomarse, pero es vinculante y se espera que contribuya a sentar las bases jurídicas para regular de una vez la caza mundial de ballenas.
Isabel Ferrer/Diario El País