La querella comenzó porque Morales Lamuño incurrió, según escrito introducido por González, en irregularidades cuando obvió el procedimiento para conformar Casación Civil y Penal; en lugar de convocar a los suplentes en el orden que establece la Constitución, lo ignoró, al parecer para favorecer a fichas cercanas, señalaron fuentes parlamentarias del PSUV.
Hay que determinar la responsabilidad disciplinaria de Morales Lamuño, autoridad a quien se encontraba atribuida la facultad de efectuar la correspondiente convocatoria a los magistrados suplentes del TSJ, emplazó González en un documento de 7 páginas, consignado el 28 de mayo de 2013, ante la Corte Disciplinaria Judicial.
El presidente de la Corte, Tulio Jiménez Rodríguez, remitió el caso a la presidenta del Consejo Moral Republicano, Adelina González, ese mismo día, como consta en el oficio CDJ-P 460 /2013, al cual tuvo acceso El Nacional. Comunicación que le hace para su conocimiento y efectos legales consiguientes, escribió Jiménez Rodríguez a González, contralora general que ocupa el Poder Moral.
En el documento puede comprobarse que el Consejo Moral Republicano recibió ese día, a las 2:45 pm, la denuncia que obligaría a la contralora general, a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, a determinar si hay elementos para sancionar a Morales Lamuño debido a su condición de magistrada, de acuerdo al mecanismo establecido en la Constitución (artículos 265 y 266 en cuadro anexo).
El magistrado suplente Libes González sostiene que a él le correspondía asumir la falta absoluta de Carlos Oberto Vélez o de Antonio Ramírez por estar de primero en la lista de suplentes: Fueron convocados Aurides Mora e Yraima Zapata Lara, en franca contravención del orden del listado de suplentes designados por la Asamblea Nacional. En otras palabras, González coloca en duda las designaciones de Mora y Zapata en Casación Civil, así como de Úrsula María Mujica Colmenares en Casación Penal, que reemplazó a Blanca Rosa Mármol de León cuando salió jubilada.
DC/El Nacional