El Estado Dorado aprobó el pasado viernes una regulación que permitirá a las enfermeras y asistentes sanitarios realizar abortos en las etapas tempranas de gestación.
A falta de la firma del Gobernador, Jerry Brown, la Asamblea avaló la regulación AB154 por cuarenta y nueve votos a favor y veinticinco en contra -el Congreso ya había pasado la ley el pasado mayo, pero eran necesarias algunas puntualizaciones-. El Senado dio el visto bueno el pasado lunes con veinticinco votos a favor y once en contra.
La medida, promovida por la demócrata Toni Atkins, de San Diego, permitirá a los profesionales sanitarios hacer abortos durante el primer trimestre de embarazo (primeras doce semanas). El método consiste en insertar un tubo y succionar para terminar con la gestación. Antes de que estos profesionales puedan asistir en solitario una interrupción del embarazo deberán haber hecho por lo menos cuarenta abortos bajo la supervisión de un médico.
Para Atkins, la nueva ley permitirá expandir estas intervenciones a más zonas del Estado, “sobre todo en las regiones rurales en las que hay pocos médicos”. Treinta y nueve de los cincuenta Estados que conforman EEUU requieren que un facultativo titulado realice un aborto.
California se une así a otros cuatro Estados (Oregón, Montana, Vermont y New Hampshire) que permiten a los profesionales de la salud no médicos hacer este tipo de intervenciones -o por lo menos no las prohíben-, de acuerdo con datos de la Universidad de California.
«Todas las mujeres deberían tener acceso a una atención preventiva reproductiva, sin importar si viven en la ciudad o en el campo, y deberían tenerla sin ningún gasto extra o de viaje», explicó Atkins el pasado lunes tras la aprobación del Senado.
La nueva regulación facilitará que haya más clínicas abortivas en el Estado. California cuenta con más de quinientos centros abortivos, lo que representa el 30 % de las clínicas totales que existen en el país, según los últimos datos recogidos en 2008.
A pesar de estas cifras, cerca de la mitad de las interrupciones de embarazo del Estado se hacen en hospitales y en casos muy concretos; como pueden ser que el feto presente alguna anormalidad o que exista riesgo para la salud o la vida de la madre. Por ello, cerca del 50 % del Estado carece de un lugar donde se realicen este tipo de intervenciones. Aun así, el número de abortos en el Estado en 2008 fue de 27,6 por cada mil mujeres entre los quince y los cuarenta y cuatro años, un 40 % más alta que la media de la nación, un argumento utilizado por los que critican la nueva ley.
En los últimos tres años, y a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de 1973 (el caso Roe vs. Wave) que otorgó la constitucionalidad a abortar en las veinticuatro primeras semanas, muchos Estados han aprobado leyes que hacen que la interrupción del embarazo sea cada vez más difícil y menos accesible para miles de mujeres en el país. La consecuencia es que, durante este tiempo, más de cincuenta clínicas han cerrado en veintisiete Estados.
En Kansas, el Gobernador Sam Brownback firmó el pasado abril una regulación en la que declaraba que la vida comenzaba con la fecundación y prohibía cualquier presupuesto extra para este tipo de intervenciones. Por su parte, el Gobernador de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, firmó otra en marzo que impedía a un médico hacer un aborto desde el momento que hubiera latido, lo que suele suceder a las seis semanas de embarazo, y sin excepción alguna de violación o incesto.
DC/ El País