El ex gobernador del Estado Monagas y exiliado político, José Gregorio “El Gato” Briceño, denunció este lunes que las recientes declaraciones del Procurador General de la República, Manuel García Barreto en las que afirma que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía XII del estado Monagas solicitó una orden de aprehensión en su contra por el supuesto delito de legitimación de capitales y peculado es, “un acto de venganza política de quienes actúan como cobardes en un gobierno que está podrido por dentro”.
Señaló que es del conocimiento público que se encuentra en calidad de refugiado político en Costa Rica desde finales de 2012. “Actualmente estoy en una situación de protección jurídica contra actos del Gobierno venezolano por lo que no puedo ingresar a mi patria desde hace casi un año”.
“¿Cómo pudo desarrollarse una investigación penal en mi contra si me encuentro ausente del territorio nacional? ¿Cómo pudo solicitarse una orden de aprehensión si he estado en pleno desconocimiento que contra mi persona se adelantaba una investigación? Todo esto sin que me hubiese notificado y mucho menos haberse realizado ningún acto de imputación formal”,
Insistió en que todo se trata de un pase de factura que busca opacar su gestión como Gobernador de Monagas y perseguir a sus más cercanos colaboradores e incluso, a sus familiares. “Mi hermano, Pedro Briceño, que es fuerte candidato por la Mesa de la Unidad a la reelección en la Alcaldía de Cedeño en Monagas, a menos de un mes para las elecciones del 8 de diciembre, ha sido objeto de constantes persecuciones y atropellos por parte de organismos de seguridad del Estado
“Han llegado al colmo de perseguir y allanar hogares de obreros de la Alcaldía de Cedeño a fin de intimidarlos y lograr alguna confesión chimba en contra de mi hermano, todo esto porque la candidata del PSUV en ese municipio, es la hermana del Pollo Carvajal, Jefe de inteligencia militar”, señaló.
Agregó, “Ni el párroco de la iglesia del Municipio Cedeño, José Felipe Montoya, se ha salvado. Lo han interrogado de forma arbitraria a propósito de un vehículo que como gobernador y oriundo de ese municipio, doné a la comunidad parroquial”.
Aseguró que en su caso fue violentado todo lo que se entiende como el debido proceso, donde debería privar el respeto a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales y ejercer su defensa sin ninguna limitación. A estar asistido en todos los actos de investigación por abogados de confianza, así como el derecho a ser informado de los hechos que se investigan y de los cargos que se le imputan.
Nota de prensa