ESPECIAL: Uruguay experimenta con la marihuana (Fotos)
Uruguay se convirtió esta semana en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y comercialización de marihuana bajo supervisión estatal, en el inicio de un experimento nacional que busca combatir «la plaga» de esta adicción y cambiar el fracasado enfoque prohibicionista.
La polémica iniciativa del presidente José Mujica, que esta semana aprobó el Senado previo pasaje por diputados, generó apoyos y detractores dentro y fuera de fronteras.
De esta manera, el Estado asume el control y la regulación de las actividades de importación, producción, almacenamiento y venta del cannabis.
Quienes compren el producto en la red de farmacias deberán estar registrados, ser mayores de 18 años y residentes en el país. La ley debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo no más allá de abril próximo para que el sistema comience a funcionar probablemente en la segunda mitad de 2014.
EXPERIMENTO
Mujica sorprendió en junio de 2012 al proponer la legalización como parte de un paquete de medidas para mejorar la seguridad pública.
Pero rápidamente el artículo sobre la marihuana se despegó de esa iniciativa general y tuvo vida propia.
Para el mandatario, la «guerra» contra el narcotráfico fracasó y los usuarios de drogas «blandas» no deben caer en las bocas de venta de droga.
Por eso, plantea lo que él mismo reconoce como «experimento».
«Para golpear al narcotráfico en una forma efectiva y que se sienta hay que golpear el mercado», fundamentó Mujica en una entrevista con Xinhua en mayo último.
A su juicio, regular una adicción que existe permitirá tratar su consumo excesivo como una enfermedad, sacándole la ganancia a los narcotraficantes.
«Si al que consume le doy una ración mensual y el tipo se me pasa, lo voy a tener registrado», explicó, aunque reiteró: «si da resultado no sé porque es un experimento».
La ley permite el autocultivo de hasta seis plantas, el cultivo en clubes con entre 15 y 45 socios y un número proporcional de plantas y la venta en farmacias de hasta 40 gramos mensuales por usuario.
Estará prohibida cualquier forma de publicidad de la marihuana, que se venderá sin marcas ni distintivos.
Por otra parte, la norma establece que todo conductor de un vehículo estará inhabilitado si el nivel en su organismo de THC (nivel psicoactivo) supera al permitido en la reglamentación, en línea con los controles de alcohol.
Como en el caso del tabaco, no se podrá fumar cigarrillos de cannabis en espacios públicos cerrados, centros educativos y hospitales.
La ley obliga al sistema educativo a incluir la materia «Prevención del Uso Problemático de Drogas» y a instalar en las ciudades con más de 10.000 habitantes centros de asesoramiento, diagnóstico y rehabilitación para usuarios problemáticos de drogas.
Asimismo, la producción y venta de cannabis sin autorización será castigada con una pena de 20 meses de prisión a diez años de penitenciaría.
El secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), Julio Calzada, dijo a Xinhua días atrás que «las estrategias que se han usado no han tenido los resultados esperados y es necesario buscar caminos alternativos».
APOYOS Y CRITICAS 
Los partidos políticos de oposición criticaron con vehemencia al proyecto y votaron en su contra en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde el texto sólo tuvo el respaldo del oficialista Frente Amplio (FA).
El líder del principal sector opositor, el Partido Nacional (PN), senador Jorge Larrañaga, advirtió que la marihuana «estatal» terminará en el mercado «negro».
«Este proyecto es incontrolable, el mercado puede tornarse ingobernable y esto tiene que preocuparnos a todos», sostuvo el senador durante el debate del martes.
«Nos podemos convertir en un foco regional para el turismo de cannabis, como lo teme la región», alertó, a su parte, Alfredo Solari, senador del Partido Colorado (PC).
Por otra parte, el proyecto tiene un respaldo popular limitado, que en los últimos meses ha tenido un leve crecimiento.
En julio, la legalización del cannabis recogía un nivel de rechazo entre la ciudadanía de 58 por ciento, un 10 por ciento menos que en junio, según una encuesta de Equipos Mori.
«Tenemos la convicción de que esas tendencias van a variar, vamos a lograr mayores niveles de apoyo al desarrollo de estas políticas», opinó Calzada.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó distancia de la iniciativa uruguaya.
El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, por sus siglas en inglés), Yury Fedotov, lamentó la «acción unilateral» de Uruguay.
«En un momento en que el mundo se dedica a un debate» sobre el problema mundial de las drogas, una acción unilateral se ha llevado por delante del resultado de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU prevista para 2016, señaló en un comunicado.
En tanto, el presidente de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), Raymond Yans, manifestó su «sorpresa» porque «un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional» haya «decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas».
La Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, que Uruguay firmó, sólo admite el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
No obstante, el modelo uruguayo recoge el interés del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Insulza deseó a Uruguay que tenga éxito en este proyecto y destacó que apunta a quitarle mercado al narcotráfico.
En esa línea se encuentran ex presidentes como Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y César Gaviria (Colombia) e intelectuales como el premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quienes promueven un cambio en el paradigma prohibicionista sobre las drogas.
La aprobación de la ley fue celebrada por los grupos locales pro-legalización como Regulación Responsable, cuyo vocero Martín Collazo subrayó que «Uruguay hoy hace historia».
Según estimaciones oficiales, en principio un plantío de 10 hectáreas de cannabis cubriría la demanda del país, que sostiene un grupo de entre 120.000 y 150.000 personas (en una población de 3,4 millones de habitantes).
El objetivo es que la producción de marihuana sea «nacional» y que no haya «unos pocos productores que acaparen y generen el poder dentro del mercado» sino «beneficiar a pequeños y medianos productores», estimó Collazo.
«Ya hay interesados desde el sector del agro que ven que esto podría ser una salida laboral muy beneficiosa para productores que hoy no encuentran una salida en los rubros habituales del agro», aseguró a la radio «El Espectador».
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) será el encargado de otorgar las licencias para la plantación, cultivo y producción.
Mientras se debatía en el Senado, Mujica admitió que «existe mucha duda y la duda es legítima, pero la duda no nos puede paralizar para ensayar nuevos caminos ante un problema que nos tiene agarrados».
«Vamos a intentarlo porque queremos librar a las futuras generaciones de esta plaga», enfatizó y exhortó a transformar la política sobre drogas en «una causa nacional».
Xinhua