La Coordinadora Simón Bolívar, colectivo afincado en la parroquia 23 de Enero de la ciudad de Caracas, salió en defensa del ex ministro de Planificación Jorge Giordani y exigió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro combatir el «saqueo» que estarían sufriendo las arcas de la nación.
Dicha agrupación popular advierte en un comunicado que la revolución «atraviesa su más peligrosa crisis moral y política». De este descalabro acusa (como es usual suelen hacerlo) a la presunta «derecha burguesa», pero de igual manera también señala «el triste papel que han desempeñado muchos de los funcionarios del Gobierno, que se han visto sumergidos en corrupción, que no han demostrado convicciones revolucionarias sólidas, o que simplemente no han tenido la suficiente fortaleza moral para hacer la crítica necesaria en el momento oportuno».
La Coordinadora Simón Bolívar reconoce que «la crisis económica y moral que se ha agudizado desde la enfermedad y posterior muerte de Chávez, no es producto del desempeño de Nicolás Maduro como Presidente». A su juicio, la debacle responde al «oportunismo de muchos funcionarios que prefirieron callar ante errores estratégicos y tácticos de Chávez, para no ver afectadas sus cuotas de poder por la misma personalidad y liderazgo del Comandante, o bien por estar inmiscuidos en ‘guisos’ y corruptelas».
El colectivo del 23 de Enero no acepta que Giordani sea tratado como un traidor. Aunque considera que su polémica carta pudo haber sido presentada a «destiempo», estima que la crítica lanzada por el viejo mentor del difunto Hugo Chávez es «necesaria». «¿Por qué antes de atacar y etiquetar como traidor a un hombre por hacer, a destiempo o no, lo que le dicta su conciencia, no exigen al Gobierno que deje de proteger a quienes estafaron al país a través de Cadivi (Comisión de Administración de Divisas) con empresas de maletín y funcionarios corruptas?», cuestiona.
Esta organización demanda el fin del «chantaje oportunista y contrarrevolucionario con el cual, desde las altas esferas del poder, intentan desacreditar y callar toda crítica que se le haga a los errores o vicios que minan la administración pública». Partiendo de esa premisa, reclaman al Gobierno que tome «acciones ejemplarizantes ante el flagelo de la corrupción que ya se radica en toda la sociedad», y abogan por reforzar la contraloría social con el fin de «frenar el descaro con el que muchos funcionarios saquean a la nación».
DC/Luis Orozco/@diariocontraste/@luisfran1