La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas repudia el cerco a la libre expresión que se está experimentando en las páginas de opinión en el diario El Universal, el cual, en un editorial aparecido el día 5 de agosto de los corrientes, justifica la exclusión de veintiséis articulistas, con argumentos que llegan a establecer un caso de censura previa.
Con explicaciones en las que se insinúan acusaciones generales y difusas de faltas de ortografía y ofensas a la moral pública y al honor de las personas por parte de las firmas que hasta hace nada estuvieron en sus páginas de opinión, El Universal, tras 104 años de trayectoria en el periodismo venezolano, no solo da un paso hacia el silenciamiento de voces disidentes al gobierno, sino que a su vez enloda el honor y el prestigio de esos 26 articulistas, sobre quienes no se conoce que existan en los tribunales nacionales acusaciones formales de vilipendio, desacato, infundio, injurias o cualquier otro «delito» relacionados con la opinión y contemplados en nuestro sistema legal.
Al no acusar formalmente a nadie y al no ofrecer pruebas de cuáles textos se encuadran en lo que ellos llaman «ofensas personales», «descrédito», «falsas informaciones», «mentiras», «irrespeto» y «juicios morales», por utilizar los vocablos invocados en el editorial anteriormente aludido, El Universal priva a su público de las opiniones de esos articulistas, lo que alinea a otros medios de comunicación que recientemente han cambiado de dueños a una política de disminución de espacios para la disidencia. Desde el CNP creemos que son la opinión pública y, en todo caso, los tribunales los que han de determinar cuándo un artículo incurre en las faltas antes señaladas. Si un medio, invocando un código de ética interno ―supuestamente contenido en un manual de estilo que ni siquiera sus propios periodistas y editores conocen ni utilizan― se da a la tarea de acallar voces no por hechos pasados concretos, sino precaviendo «desaciertos futuros» o «posibles excesos» en el ejercicio de la libertad de expresión, entonces no está buscando equilibrio, sino censura previa, lo que no solo contradice las buenas prácticas de la prensa, sino los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Puesto que los articulistas no son necesariamente periodistas, estos no están obligados a observar criterios típicos de la noticia como la comprobación de los hechos ni el equilibrio de las fuentes, ni mucho menos la objetividad, ni están sujetos a las normas éticas que definen el oficio de informar.
Cabe destacar que es obvia la contradicción en la que cae El Universal en su editorial cuando señala que uno de los articulistas que esta situación de censura en sus páginas tiene una «indudable conducta antiética», a la vez que los directivos de ese periódico admiten que se publicó ese mismo día un artículo escrito por esa persona, lo que sería otra cosa que una irresponsabilidad de sus editores, que estarían avalando este tipo de opiniones aparentemente censurables. En todo caso, los nuevos dueños de El Universal deben, con pruebas en la mano, denunciar a quienes cometen «delitos» de opinión y comprobar que estas se emiten con mala intención o malicia para causar daño, lo que es bastante difícil de demostrar.
Finalmente, queremos aclarar que la responsabilidad de buscar equilibrio y balance en sus páginas de opinión es del periódico y no de los articulistas en sus escritos. En todo caso, el medio es libre de publicar a quien desee y no está en la obligación de aceptar a quien quiera hablar mediante sus páginas. No obstante, pretender justificar este cambio de línea editorial denigrando públicamente de quienes hasta ahora se venían expresando en sus páginas echa por la borda el trabajo de los ciento cuatro años de tradición de periodismo y, al menos en los últimos años, en la vanguardia en la defensa del venezolano a expresarse libremente, sin más limitaciones ni restricciones que la contempladas en la jurisprudencia internacional que garantiza el derecho a la libertad de expresión.
Desde el CNP urgimos a los medios que han cambiado recientemente de dueños a develar los nombres y las empresas que los han adquirido, en pos de la transparencia, a publicar los registros, nacionales o internacionales, de quiénes son los dueños. En Venezuela, la legislación vigente prohíbe expresamente que, por ejemplo, los bancos posean medios de comunicación, por lo que el velo alrededor de los nuevos propietarios es de interés público.
El Colegio Nacional de Periodistas –que por fuerza de ley es guardián y defensor del derecho de los venezolanos de buscar, recibir y emitir libremente informaciones e ideas– insta a los nuevos dueños de El Universal, así como a los otros responsables de los medios de comunicación venezolanos, incluyendo los dependientes del Estado, a respetar la larga tradición democrática de la prensa y a restituir el balance global del debate público venezolano, cada vez más estrecho para quienes tienen las necesidades de criticar la actuación y el trabajo de los funcionarios del Estado.
DC/NP
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