Rafael Venegas / Licenciado, Político y Columnista / @VozdeVanguardia
Ante la urgencia de liquidez para financiar el excesivo gasto público, el gobierno nacional se dispone a aumentar el precio de la gasolina. Antecedido de una prédica acerca de los costos del subsidio que ha permitido, ciertamente, que llenar un tanque de gasolina de 40 litros, por ejemplo, represente un precio menor a una botella de agua mineral o un cafecito servido en la barra de la más modesta panadería, al parecer, ahora sí, ha tomado la determinación de proceder al aumento tantas veces insinuado. Para legitimarlo buscó primero el aval de las bases del oficialismo en el recién finalizado congreso del PSUV. De allí sale con el anuncio de abrir un “debate nacional”, que malamente intenta ocultar el hecho de que la determinación está tomada de antemano, en espera de la ocasión propicia para su anuncio e implementación. Pues bien, debatamos.
Para empezar por la conclusión más general, rechazamos categóricamente dicho aumento en un contexto recesivo e inflacionario de nuestra economía, en la medida en que no se inserta en una revisión a fondo de la política petrolera y comercial de PDVSA y en que constituye una decisión meramente fiscalista, a la cual le seguirá otra brutal devaluación para hacer posible la unificación cambiaria y una reforma tributaria y fiscal, asomadas ambas como parte de los planes oficiales.
Durante quince años de alta inflación y crecimiento artificial de la economía (en realidad los únicos sectores de la economía que crecen son la especulación financiera y el comercio de importación, mientras el aparato productivo real ha sufrido una contracción sostenida y sistemática) el gobierno se negó a ajustar los precios del combustible. De esos quince años, diez han sido de precios promedio de $100 por barril de crudo. Esto ha representado un ingreso petrolero y fiscal superior a un billón quinientos mil millones de dólares en el período. En medio de la mayor bonanza económica de nuestra historia, la política comercial ha sido vender petróleo a precios preferenciales –entiéndase, subsidiados– y con facilidades de pago (dos años de gracia y 1% de interés) a los países aliados, mientras a otros, como China, les vende petróleo a futuro. A cambio, el gobierno se procura respaldo político internacional, en unos casos, y en el otro la garantía de líneas de crédito y compromisos de inversión, que han contribuido a un descomunal endeudamiento público y a la pérdida creciente de soberanía nacional.
La política de gasto interno, por su parte, puede resumirse en: demagogia, clientelismo, despilfarro y corrupción. La nómina de PDVSA ha sido abultada astronómicamente; el aparato del Estado ha duplicado el número de sus empleados y obreros; se ha dilapidado fortunas en proyectos fracasados e improductivos cuya lista es demasiado larga para ser resumida; se ha trasegado buena parte de los ingresos a una nueva élite que vive de los negocios con el Estado y de las importaciones; se ha sustraído la bicoca de $70.000 millones de Cadivi en diez años ($20.000 millones solo durante 2013) y. claro está, la porción menor ha sido dirigida al gasto social y proyectos de inversión.
Esta es la política que debe ser revisada y corregida. Si no se presenta un balance claro del gasto; si no se castiga a los culpables del desfalco a la nación y se establecen frenos efectivos al despilfarro y la corrupción; si no se revisa la política de comercialización petrolera internacional que subsidia a otras economías, a cambio de “voltear la cara” frente a las crecientes restricciones a las libertades democráticas y los derechos humanos; si no se diseña una nueva política económica que abata la inflación, estimule el aparato productivo, garantice el abastecimiento de productos y eleve la calidad de vida y trabajo de nuestros compatriotas; no podemos respaldar un aumento del precio de la gasolina, al que le seguirá el incremento del precio del transporte de pasajeros y de carga y de todos los bienes y servicios.
DC/ Lcdo. Rafael Venegas / @VozdeVanguardia