Leopoldo López fue trasladado hasta el Palacio de Justicia para la tercera audiencia del juicio que enfrenta por unos hechos violentos ocurridos en la capital en febrero.
López está detenido desde hace seis meses en Ramo Verde y la sede de los tribunales, que funciona en el centro de Caracas, fue cercada por decenas de guardias nacionales con equipos antimotines que bloquearon todos los accesos al lugar.
El coordinador nacional de Voluntad Popularescribió en su cuenta en Twitter un mensaje en el que se pregunta por qué el juicio que se le sigue no es público.
¿»Cuál es el miedo de que este juicio sea público?», es uno de los mensajes publicados en la cuenta del político en la red social antes del comienzo de la audiencia.
El dirigente fue trasladado al Palacio de Justicia para continuar el juicio que le iniciaron el mes pasado en el que no se le ha permitido hasta el momento a la defensa presentar pruebas ni testigos.
“Este es un juicio donde se trata de revivir únicamente las pruebas que ha presentado la Fiscalía, porque a nosotros no se nos han aceptado las nuestras. Entonces en esa sala solo habrá una media verdad y con una media verdad jamás habrá justicia.”
Nosotros estamos aquí con la necesidad de que se produzca un juicio justo, el cual pasa por un proceso judicial equilibrado, en donde se reciban todas las pruebas de ambas partes porque solo estas nos acercarán a la justicia y a la verdad de lo que ocurrió”, afirmó Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados de López.
Gutiérrez dijo a la prensa, poco antes de entrar a la audiencia, que la próxima semana acudirá a la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que sean admitidas las pruebas de la defensa.
Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre el proceso del líder opositor de 43 años.
López fue acusado en abril por la Fiscalía General de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. El dirigente es señalado de promover unos hechos violentos en el centro de Caracas que ocurrieron luego que la oposición realizó una multitudinaria manifestación contra el gobierno el 12 de febrero.
De ser declarado culpable de los cuatro cargos el dirigente del partido opositor Voluntad Popular podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, según estimaciones de la Fiscalía General.
AP/DC