Como positivo consideró la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la decisión de EEUU de negar la entrada a ese país a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.
No obstante, consideró que para que esta acción tenga consecuencias sería mejor que ese país diera a conocer cuáles son los casos en los que estarían incursos los funcionarios, para determinar si son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción internacional.
«Creo que sería pertinente por parte del Gobierno estadounidense señalar concretamente qué tipo de violaciones de derecho humanos se han cometido, para ver si este tipo de acciones tuviese jurisdicción universal», manifestó.
El anuncio de la revocatoria de visas lo hizo este miércoles la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, al expresar la posición del gobierno de Obama frente a las «detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza» que habrían ejercido «las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro» contra los manifestantes y sociedad civil. Aunque no señala la identidad de las personas vetadas, la medida estaría dirigida a funcionarios militares y del gobierno.
Para San Miguel, esta acción traerá consecuencias.
«Esta es una política que va nuevamente a tensar las relaciones diplomáticas entre ambos países ineludiblemente. Lo que sucede es que el concepto de derechos humanos es un concepto que va a seguir siendo parte de la agenda hemisférica y que no solamente va a provenir de EEUU sino probablemente de otros países de la región», señaló.
«Este tipo de situaciones visibiliza las circunstancias de lo que está ocurriendo en Venezuela ante la comunidad internacional. De allí a que esto tenga efectos reales sobre la disminución de las violaciones de derechos humanos, habría que medirlo con el tiempo», añadió San Miguel.
DC/ El Impulso