La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó que de 69 personas detenidas por los hechos de violencia ocurridos en el país desde el 12 de febrero del presente año hasta la fecha, solo tres han acreditado su condición de estudiantes.
Tal planteamiento fue realizado en el programa radial «Justicia y Valores”, por el Circuito Unión Radio 90.3 FM, en el que detalló que los únicos estudiantes privados de libertad son Abril Tovar, Ramsés Rodríguez y Jorge Rodríguez.
En consecuencia, Ortega Díaz hizo un llamado al Movimiento Estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello a consignar las constancias de estudio de las personas cuyos nombres fueron publicados en una lista de un medio impreso, en la que se refleja que existen 28 educandos detenidos.
La documentación requerida será recibida por el director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, Joel Espinoza.
La Fiscal General explicó que del resto de las personas de la lista, Chiristian Holdack Hernández (36) dijo ser cocinero; Nelson Quiñones Valbuena, el 26 de febrero recibió una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad y si actualmente está detenido se debe a que incurrió en otro delito; Víctor Almeida Ramos (38) dijo ser estudiante pero aún no ha presentado la acreditación correspondiente.
Adicionalmente, Ortega Díaz indicó que Richard Delgado (34) salió en libertad el 16 de junio y que tampoco pudo demostrar ser estudiante, mientras que Geraldo Carreño, Geraldo Resplandor y Ángel Contreras manifestaron en clara y alta voz no ser estudiantes, según consta en actas que fueron firmadas y avaladas con sus huellas dactilares.
Igualmente, la máxima autoridad del Ministerio Público señaló que Daniela Vásquez Martínez, José Herrera Martínez y Josman David Paredes, cuyos nombres también fueron publicados en la mencionada lista, se encuentran en libertad.
Informó que por los hechos violentos ocurridos en el país existen 183 investigaciones por casos de derechos fundamentales y hay siete acusaciones, entre las cuales se encuentra el caso de la joven fallecida en el estado Carabobo Geraldine Moreno, por el que dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana están privados de libertad y otros dos imputados.
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