Los supermercados venezolanos tendrán operativo desde el 30 de noviembre próximo el sistema biométrico o de captahuellas dactilares con el cual el Gobierno busca anular el contrabando de productos de consumo básico y masivo, anunció hoy el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
«El sector privado está muy de acuerdo (…); todos acordaron para el 30 de noviembre adoptar el nuevo sistema», aseguró Méndez en una entrevista en el canal caraqueño Televen de la red privada de televisión, en alusión a los dueños de los supermercados privados y a los administradores de los estatales.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien calcula que escapa a Colombia alrededor de un 40 % de la producción nacional o lo que importa para ser vendido a precios subsidiados, ha aumentado este mes su ofensiva contra el contrabando y Méndez remarcó hoy que «es un error» asociar este delito «solo a la frontera».
«También se realiza internamente» en las ciudades alejadas de las fronteras donde se multiplica el llamado «mercado negro» y donde se revenden a precios superiores los productos que escasean en los mercados regulares, destacó el funcionario.
El sistema biométrico o de captahuellas permitirá que cada venezolano «haga su compra semanal con un rango de compra bastante tolerante y amplio y así evitar que una persona compre hasta 20 veces» más de lo que necesite, sostuvo el funcionario.
Los críticos de las iniciativas gubernamentales contra el contrabando, la escasez y la especulación han recordado que al inicio del control de cambio que rige en Venezuela desde 2003 el Estado vendía 5.000 dólares a quienes viajaban al exterior y otros 3.000 dólares para compras a través de internet, y autorizaba hasta 500 dólares mensuales para cubrir remesas familiares individuales.
Agencias/DC