El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, respondió este domingo a una carta publicada en octubre por el exministro y excongresista Álvaro Leyva Durán, en la que se le invitaba a que apoyara los diálogos de paz y evitar la polarización entre los diferentes sectores.
El mensaje del exministro Leyva, conocido mediador con la guerrilla en conversaciones anteriores, también plantea el escenario de un cese el fuego bilateral de las confrontaciones armadas, con verificación de una comisión mixta de observadores internacionales y nacionales.
En la carta Leyva le pide a Uribe Vélez hacer preponderar la búsqueda de la paz sobre las diferencias políticas con un reconocimiento a la figura nacional que representa el expresidente y la influencia sobre millones de colombianos, que comparten su oposición al modelo de negociación con las Farc por considerar, según enfatizó el expresidente este domingo, que el actual proceso de paz es una «claudicación del Estado».
El expresidente Uribe critica en su carta que el Estado se haya puesto al nivel de las Farc, que no se exija un cese el fuego al grupo guerrillero y habla sobre un incremento de la inseguridad y desmotivación de las Fuerzas Armadas.
Así mismo, Uribe habla sobre unas «ofertas de impunidad y elegibilidad» para los cabecillas de las Farc. «En relación con responsables de delitos atroces, compartimos la reducción de sentencias pero no la ausencia de pena privativa de la libertad porque ello autorizaría nuevas violencias. Así mismo la elegibilidad del delincuente atroz le quita respetabilidad al ejercicio de la función pública», indica en su misiva.
El expresidente expresa en su carta varias objeciones a los acuerdos publicados por los negociadores de paz del Gobierno y agrega que la iniciativa privada queda «gravemente arriesgada» en los acuerdos con la Farc, además que los acuerdos permiten y promueven los cultivos de droga.
Por otro lado, Uribe critica los mecanismos de referendo y consulta popular planteados por el Gobierno para que los ciudadanos ratifiquen los acuerdos. «Preguntar por la noble palabra paz, en una nación martirizada, con el agravante de coincidir con otra elección, es impulsar a un salto emocional, que al afectar el discernimiento sobre los temas, desviaría la razón de ser de los instrumentos de participación directa», asegura Uribe.
Y plantea la Asamblea Contituyente como el mecanismo para discutir los acuerdos de La Habana. «Una Asamblea Constituyente, limitada para otros temas, pero libre para aprobar, improbar o modificar los acuerdos, con todas las garantías de deliberación, tomaría decisiones en salvaguardia de los valores democráticos de Colombia, ofrecería espacio de discusión y podría ser un camino siempre y cuando el grupo terrorista hubiera ya entregado las armas y por ende no existiera riesgo de presión armada a electores ni a constituyentes», asegura el exmandatario.
Por último, el expresidente y hoy senador asegura que el proceso debe buscar la no repetición de la violencia para las futuras generaciones. «Estos fines se alejan si hay impunidad, prolongación de la violencia y claudicación del Gobierno en la defensa del Estado de Libertades», concluye la carta.
La carta de Uribe a Leyva:
«Doctor Álvaro Leyva Durán
BogotáEstimado doctor Álvaro:
Agradezco la carta sobre el proceso que adelantan el Gobierno Nacional y el grupo terrorista Farc, entre cuyos puntos usted expresa preocupación y dolor por las muertes en medio del diálogo.
Destaco su coherencia de tantos años en la búsqueda de la paz, reconocimiento que no puedo ocultar, no obstante sus discrepancias con mis planteamientos, expresadas con respeto y sin engaños.
Preocupa que la paz se considere irreversible porque el Estado se ha puesto de igual a igual con el terrorismo, los generales son equiparados políticamente con sus asesinos y la tesis dominante de los acuerdos es la visión totalitaria, bien disimulada, del Castro Chavismo.
He reiterado que el caso de nuestra Patria difiere de aquellos que han querido tener de referencias. Nuestra democracia, con cuatro años de interrupción durante el siglo anterior, ha sido la más extensa de Iberoamérica. Incluso en el Frente Nacional ocupó sus espacios el Partido Comunista como las demás expresiones ideológicas. Los actores violentos han procedido no como alzados en armas contra una dictadura sino como verdugos contra la comunidad y el Estado de Derecho. Por eso no hemos hablado de conflicto ni de insurgentes sino de narco terrorismo.
A continuación le resumo, doctor Leyva, las discrepancias que mis compañeros del Centro Democrático y mi persona hemos tenido con el proceso que se adelanta:
– El Gobierno no exigió el cese unilateral de actividades criminales, lo cual ha costado muchas vidas de soldados, policías, civiles y también una especie de inmolación inútil de guerrilleros. Hoy es más difícil obtener esta necesaria condición porque el protagonismo político y un relativo fortalecimiento del terrorismo parecerían alejarlo de aceptar el cese unilateral;
– Es notorio el incremento de la inseguridad, con sub registro y ocultamiento nacional e internacional de acciones violentas, además de expansiones de control territorial criminal en áreas urbanas y rurales. Se ha perdido la voluntad ciudadana de denuncia y ha crecido el sometimiento al poder terrorista, que extorsiona, impone horarios viales, ordena cultivar coca o se abroga el derecho de indicar qué se puede sembrar. Se han desmontado expresiones comunitarias de solidaridad como las redes de informantes, que unían en transparencia a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas;
– Las Fuerzas Armadas, no obstante su histórico comportamiento republicano, denotan desmotivación. A este sentimiento concurren factores como la igualación de los soldados y policías con el terrorismo, tanto en lo jurídico que los nivela como victimarios y condiciona la solución judicial de los uniformados a un previo acuerdo con el terrorismo, como en lo político, que cambió la palabra seguridad por la denominación de guerra, con lo cual al guardián institucional de las personas se le degrada al ponerlo como legítima contraparte del asaltante. Y lo peor, en el discurso gubernamental de protección de la sociedad civil, se autoriza tácitamente el atentado contra el soldado y el policía, que el Gobierno califica como contendientes de guerra y desconoce como los garantes del orden legal y ciudadano;
– Las ofertas de impunidad y elegibilidad a responsables de atrocidades, que la Corte Constitucional, la Procuraduría y la fiscal de la Corte Penal Internacional han advertido e intentan precaver. Colombia, país de normalidad democrática, no debería ser objeto de justicia transicional, sin embargo, hemos expresado que aceptamos amnistía e indulto para guerrilleros rasos, como también su elegibilidad política. En relación con responsables de delitos atroces, compartimos la reducción de sentencias pero no la ausencia de pena privativa de la libertad porque ello autorizaría nuevas violencias. Así mismo la elegibilidad del delincuente atroz le quita respetabilidad al ejercicio de la función pública. Cabe recordar la terrible situación de Buenaventura donde otras estructuras criminales importan la violencia, y esos actores del delito pueden recibir el mensaje de impunidad como un ejemplo que los aliente a persistir en la carrera criminal;
– Hemos expresado objeciones a los acuerdos publicados. Creemos que la agenda nacional no se debe discutir con el terrorismo. ¿Qué puede pensar un muchacho que hace parte de una banda criminal cuando ve llegar a Romaña a La Habana -el peor secuestrador que haya conocido el mundo- para discutir la agenda del Pais?¿no se convierte en un modelo a seguir?
La iniciativa privada queda gravemente arriesgada en los acuerdos con la Farc, a diferencia de la Constitución de 1991, en la cual no sufrió menoscabo, no obstante que este texto, que ratificó la voluntad de paz del M19, fortaleció los derechos sociales.
Los acuerdos entre el Gobierno y la Farc son permisivos con los cultivos de droga; indulgentes con el narcotráfico de Farc, que indultan al presentarlo como relaciones en función de la rebelión; no exigentes de entrega de armas a pesar del discurso oficial; omisivos para obligar a los terroristas a proceder como victimarios y entregar recursos y bienes, que provienen del delito, para reparar a las víctimas.
Sin pretender anticipar el impacto y la cobertura de los acuerdos definitivos que llegasen a firmar, nos preocupan los mecanismos de ratificación posibles, que tendrían el riesgo común de la presión del terrorismo armado a la ciudadanía.
El Referendo y la Consulta Popular, si bien son diferentes porque el primero propone reformar las normas y la segunda es de alcance indicativo, tienen el vicio de poder coincidir con otra elección, tal y como fue aprobado en reciente cambio de jurisprudencia sobre el Referendo. Preguntar por la noble palabra paz, en una nación martirizada, con el agravante de coincidir con otra elección, es impulsar a un salto emocional, que al afectar el discernimiento sobre los temas, desviaría la razón de ser de los instrumentos de participación directa.
Hay voces que expresan que una Asamblea Constituyente, limitada para otros temas, pero libre para aprobar, improbar o modificar los acuerdos, con todas las garantías de deliberación, tomaría decisiones en salvaguardia de los valores democráticos de Colombia, ofrecería espacio de discusión y podría ser un camino siempre y cuando el grupo terrorista hubiera ya entregado las armas y por ende no existiera riesgo de presión armada a electores ni a constituyentes.
Si el grupo terrorista Farc asesina a compatriotas indígenas porque les retiran vallas publicitarias de sus territorios, qué podremos esperar de acudir a procesos electorales para pronunciarnos sobre los intereses del grupo armado!
Es fundamental parar la violencia con un cese unilateral y verificable de actividades criminales por parte de Farc. Este resulta imperativo, máxime cuando subsisten dudas de que la firma del acuerdo no esté tan cerca como se ha publicitado. Hablar de cese bilateral seria otro grave sacrificio de la institucionalidad y un nuevo paso para reducir a los militares y policías a la cárcel y ubicar al terrorismo en el sendero del poder. Naturalmente el cese unilateral requeriría seguridad para quienes de buena fe lo cumplan, garantía que podría darse en un prudente lugar de ubicación, vigilado por las fuerzas institucionales.
Consideramos nocivo que mientras los ciudadanos sufren la inseguridad, el Gobierno coloca a los generales de interlocutores directos del terrorismo. La frivolidad mediática de algunos, que publica en las carátulas a los generales en frente de los secuestradores, hace el mal de generar confusiones en el imaginario colectivo sobre la tarea de las Fuerzas Armadas, que es la seguridad y no la negociación de armisticios con el terrorismo. El Gobierno, al dejar avanzar la desmoralización de las Fuerzas Armadas, está cediendo espacios necesarios para garantizar la paz. ¿Qué va a pasar si la Farc no firma el acuerdo? ¿qué pasará si la Farc firma e incumple el acuerdo, si este Gobierno le ha dicho al país que no es posible derrotarlos, cuando hace cuatro años estaban en la puerta de la desarticulación definitiva? Suponemos que el Gobierno está enterado de la creación de grupos de justicia privada en varias regiones.
El Gobierno, al rutinizar la palabra paz con su aparato publicitario, en medio de la extensión de la violencia, puede producir rechazo ciudadano como consecuencia natural de toda pedagogía que a la postre resulta hipócrita.
En el contexto del discurso de paz que han impuesto, la ética de la democracia debería impedir nivelar al soldado y al policía con el terrorista y la ética de la vida obligaría a apreciar por igual la vida del soldado o policía, del civil y del guerrillero. No es entendible que desde el Gobierno, en nombre de la paz, no importe el asesinato del soldado y del policía. Los cabecillas terroristas de La Habana abusan de la palabra paz al prolongar la violencia contra la ciudadanía, que expone a la muerte a sus subordinados guerrilleros que continúan en Colombia.
Dos fines debería buscar este proceso: la garantía de No Repetición de la Violencia para las presentes y futuras generaciones y el respeto a la totalidad de los valores democráticos. Estos fines se alejan si hay impunidad, prolongación de la violencia y claudicación del Gobierno en la defensa del Estado de Libertades. Esta no es una discusión sobre prejuicios doctrinarios, al contrario, lo es sobre la imagen viva de hechos, como los 14.674 secuestros de Farc entre 1998 y 2003, el asesinato de sus rehenes, con premeditación y anuncio previo, tal como ocurrió con los diputados vallecaucanos, el gobernador Guillermo Gaviria, el ex ministro Gilberto Echeverri y sus compañeros de cautiverio. Esta discusión, en lugar de ser de doctrina política de salón, debe ser sobre la realidad de un grupo terrorista que ha secuestrado, via reclutamiento, a miles de menores, empezando por el 67% de sus integrantes, quienes fueron raptados de niños y mantenidos como esclavos al servicio del crimen. Esta discusión versa sobre el cartel de cocaína más grande del mundo.
Nuestras familias, nuestros allegados, nuestros copartidarios y nosotros queremos la paz, en muchos hay dolores de familia y en todos de Patria, no padecemos inhibiciones que nos impidan el perdón, pensamos que la justicia es necesaria como regla comunitaria y compartimos la convicción de defender, de verdad, sin actitud vergonzante, sin timideces, sin dobleces, a la iniciativa económica privada, incluyente, como función social, pero insustituible.
Su compatriota y amigo,
Álvaro Uribe Vélez
Noviembre 9 de 2014»
DC | vía El Colombiano
Foto: Archivo