En Venezuela, una familia promedio debe peregrinar por “el menor costo posible” para completar una canasta alimentaria que, aún subvencionada, está un 17 por ciento por encima del salario mínimo y que es irreal con un mercado que ignora las regulaciones del Estado.
En el país petrolero, un ciudadano puede pagar por un kilo de café 220 bolívares (34 dólares) en el primer establecimiento que lo consiga, o puede recorrer las calles hasta dar con una tienda que lo venda a 26,50 bolívares (4,2 dólares) y hacer que el precio subsidiado del Ejecutivo se convierta en una realidad.
La distorsión entre los precios establecidos por el Gobierno de Nicolás Maduro y los establecidos por el mercado se extiende sobre los más de 40 productos de la Canasta Alimentaría Normativa (CAN), que, según las autoridades, tiene un valor de 5.741 bolívares (911 dólares).
En 2011, el Gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) decretó una Ley de Costos y Precios Justos para regular todos los precios de la canasta básica.
Desde entonces, el sector productivo denunció que los precios establecidos no cubrían los costos de producción, lo que dio inicio a frecuentes ciclos de escasez y desabastecimiento que afectan a uno de cada cuatro productos.
La dificultad para encontrar productos como leche, café, azúcar, y papel higiénico obliga a los venezolanos a pagar precios especulativos, en numerosas ocasiones fruto del deseo de multiplicar sus beneficios por parte de los comerciantes.
Muchos consideran que gran parte de los precios en el mercado se fijan con base en la cotización del dólar en el mercado extraoficial o paralelo, que actualmente se sitúa en más de 100 bolívares.
EFE/Agencias