Los llamados colectivos chavistas rechazaron este miércoles ser incluidos en el plan de desarme promovido por el Gobierno, al considerar que debería apuntar exclusivamente a los grupos criminales, y aseguraron que debe revisarse el sistema judicial venezolano.
«Nos parece totalmente absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva. ¡NO! No somos bandas delictivas, somos organizaciones revolucionarias», dice el comunicado que leyeron en rueda de prensa y en representación de 260 colectivos de todo el país.
«Nuestra revolución es pacífica, mas no desarmada», precisa el comunicado. «Tenemos que desarmar a los delincuentes», replicó a la AFP Jhonny Subera, miembro del colectivo fuerza comunal 4F.
El Gobierno lanzó en septiembre un plan nacional de desarme para incentivar la entrega de armas y así bajar los niveles de criminalidad en este país sudamericano, el segundo más violento del mundo según la ONU.
Aunque se ha dicho que muchos de estos grupos están armados, otros, como los presentes en la rueda de prensa de este miércoles, se definen como «trabajadores y luchadores sociales» y cuentan entre sus actividades la organización de eventos deportivos y culturales, así como la promoción de programas educativos y de salud.
Sin embargo, unos y otros coinciden en que su papel fundamental es defender la revolución, garantizar la seguridad en las calles y mantener «el legado» del fallecido Hugo Chávez. El encuentro con la prensa ocurre casi un mes después de que murieran cinco miembros de colectivos en hechos que aún no han sido esclarecidos -aunque son investigados-, pero que oficialmente fueron catalogados como un enfrentamiento entre grupos armados y policías, mientras que los grupos chavistas lo han definido como una «fría masacre».
Este miércoles, nuevamente exigieron «¡justicia por los caídos!» y solicitaron el inicio de una mesa de diálogo con el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, tras las fuertes críticas que han hecho al sistema judicial venezolano y al funcionamiento de las policías venezolanas.
Tras el incidente en que murieron cinco miembros de los colectivos fue destituido el ministro de Justicia, Miguel Rodríguez Torres, autor del plan de seguridad ciudadana «Patria Segura», una de las banderas del gobierno de Maduro para luchar contra la criminalidad en Venezuela.
«Si funciona el Plan Patria Segura, entonces ¿por qué hay tantas muertes en el país?», se pregunta Subera.
DC | AFP