El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, defendió hoy que la pena de muerte es una «aberración social», por lo que se mostró totalmente en contra de que este castigo se recupere en la isla para ajusticiar a los asesinos confesos de cuatro miembros de una misma familia.
«La pena de muerte es una aberración social que debería ser extirpada de la humanidad», afirmó García Padilla en respuesta al clamor popular que ha surgido para que se retome la aplicación de esta pena, que no está contemplada en la legislación puertorriqueña.
Las peticiones han surgido a raíz del asesinato hace una semana de cuatro miembros de una misma familia en su residencia del acomodado barrio de Guaynabo, a las afueras de San Juan.
Los fallecidos en este suceso, desencadenado por el intento de desahucio de uno de los acusados por el impago del alquiler de un apartamento propiedad de la familia, fueron el padre, un exmilitar de 66 años, su esposa y la madre de esta, ambas peruanas, y el hijo de la pareja, de 15 años.
Según confirmó hoy el secretario de Estado de Puerto Rico, David Bernier, los familiares más cercanos de ambas mujeres ya tienen los correspondientes visados para viajar desde Perú para poder reclamar los cuerpos de las fallecidas.
El otro hijo de la pareja, de 13 años, sobrevivió después de presenciar cómo ejecutaban a los demás y de que los asesinos trataran de matarlo acuchillándolo, estrangulándolo y tirándolo por un puente.
Su estremecedor testimonio, que ha sido difundido por la Policía, ha encendido los ánimos de la sociedad puertorriqueña, más acostumbrada a los asesinatos de jóvenes relacionados con el narcotráfico y los ajustes de cuentas.
«En ningún lugar del mundo baja la incidencia criminal» por aplicar la pena de muerte, defendió García Padilla, quien recordó además que se corre el riesgo de «ejecutar a inocentes».
Además, argumentó que «es una contradicción del Departamento de Justicia federal cada vez que plantea matar a alguien como alternativa para una persona que ha matado a alguien».
«Es una contradicción absurda. La vida es de quien la da y quien la da es Dios», sentenció en una entrevista con Radio Isla en referencia a la posibilidad de que las autoridades federales intervengan en este caso y reclamen sentencias de pena de muerte.
Puerto Rico ejecutó por última vez a una persona en 1926 y en 1929 abolió esa práctica, medida ratificada por la Constitución local de 1952, por lo que a pesar de que Puerto Rico es un territorio de EE.UU., la pena capital no puede aplicarse en su suelo.
El caso más reciente en el que un puertorriqueño se vio cerca de la pena capital fue el de Alexis Candelario Santana, declarado culpable en marzo de 2013 en un juicio federal por la muerte de ocho personas, aunque la falta de unanimidad del jurado impidió su ejecución, que hubiera tenido que celebrarse en EE.UU.
EFE | DC