El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, refirió en entrevista a Unión Radio, que la situación presentada en los penales del Rodeo III y Uribana no puede controlarlas el Gobierno con más represión.
“Hay que separar cuando se habla de anarquía y orden. Cuando se trata de poner orden con represión, lo que se tiene como respuesta es lo que se ve actualmente en las cárceles”, aseguró.
Con respecto a los hechos ocurridos en la cárcel del Rodeo III, donde reos retuvieron a la directora del retén, agregó que ya este recinto venía presentando denuncias de represión.
“Este establecimiento venía dando una serie de denuncias de represión, de abusos en las requisas, de la falta de alimentación, de la falta de atención médica. De los abusos por parte de la directiva del recinto a la población reclusa”, acotó Prado.
Denunció que en diferentes cárceles del país, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ha obligado a practicar orden cerrado a la población civil que paga condena en las prisiones, “mientras que en ningún país del mundo en los estándares internacionales se ve que a la población reclusa lo ponen a practicar este tipo de disciplina máxima”.
Prado aseveró que el Ministerio debe ser responsable a la hora de emitir informaciones con respectos a los incidentes ocurridos, y así como da información de las personas a imputar se deben investigar los funcionarios implicados en los sucesos.
“Lo lamentable es que salen diciendo, va haber 60 imputados por la situación del Rodeo III, pero no salen diciendo de la responsabilidad de los funcionarios que fueron los que trajeron como consecuencia esa acción por parte de la población reclusa”, aseguró.
En Uribana también existen denuncias
El presidente de la ONG aseguró que son públicas y notorias las denuncias que se han realizado sobre abusos en la cárcel de Uribana, y un ejemplo es lo sucedido con el Hijo de Raúl Baduel y de cómo estaba siendo tratado.
Además cree que la solución no es “desocupar para ordenar”, esto por los traslados que el gobierno realiza de reclusos a otros penales. Coloca como ejemplo la cárcel de Tocorón, donde en la actualidad hay una población reclusa de más de siete mil personas.
“Aquí la administración debe poner las manos sobre mesa y evaluar que no están haciendo bien y además están haciendo bajo una posición de arbitrariedad hacia esa población reclusa”, dijo.
Admite que aunque los reclusos están cumpliendo una condena son sujetos “de derecho y se le deben respetar los mismos”.
DC/ElNacional
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