Aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley de Comercio Electrónico debe llamar la atención de todos y, más aún, padeciendo una economía de guerra, sin que ésta – hasta nuevo aviso – haya sido formal declarada. Brecha digital aparte, el mercado interactivo ha aliviado o dice aliviar ya no la dificultad para elegir los bienes y servicios necesarios, sino el acceso mismo a uno de ellos: razón suficiente para agravar el malestar colectivo, dada la escasez y el desabastecimiento inocultables.
De modo que, acaso involuntariamente, la regulación del comercio electrónico adquiere la jerarquía de una herramienta de la política económica orientada a segmentos más o menos precisos de la población, con cierto nivel de información y poder adquisitivo, y – de tratarse de la lucha de clases – a proveedores quizá harto identificados. Por cierto, dato insustituible en el contexto del socialismo rentístico, lucha que adquiere una significativa expresión a través del proyecto en el caso de partir del presupuesto más o menos teórico del que hacen gala los parlamentarios del oficialismo.
Nos ha parecido razonable la intención original de subsanar o corregir las prácticas comerciales que, ya no desleales, sino – dejando de ser tales – francamente delictivas, requieren de una mejor afinación legislativa. No obstante, por una parte, creyendo pertinente prever un cuadro adecuado de sanciones, también sostenemos que la legislación ordinaria ofrece respuestas suficientes forzándonos a preguntar sobre la propia administración de justicia que resulta lenta, ineficaz y – precisamente – injusta para atender los casos. Agreguemos que, si fuere la circunstancia, urge actualizar las estadísticas criminales interneteanas, hallando algún tipo penal realmente novedoso, evaluando la experiencia adquirida con la infolegislación vigente, ponderando la doctrina jurisprudencial y sistematizando el criterio administrativo derivado de las seguramente numerosas resoluciones y providencias dictadas.
El proyecto que ha generado alguna inquietud en la propia bancada gubernamental, porque puede verse como un oxímoron en el citado contexto, por otra parte, exhibe una clara predisposición: el comercio es un fenómeno esencialmente especulativo, irregular y fraudulento, excepto que lo haga el propio Estado, aunque sus comerciantes autoricen igualmente a hablar de la boliburguesía como uno de los resultados de la ya aludida lucha. El asunto se nos antoja más grave aún, porque – luego del fracaso evidente del llamado socialismo real – se resisten a un dato universal como es el mercado, reclamándolo como preocupación exclusiva de los que- genéricamente – llaman neoliberales.
Valga acotar, siendo un dato irreemplazable, procuramos la sensatez al defenderlo en el mundo digital, pues, va acalorándose el avance general con insospechados servicios, como el que llaman “internet de las cosas” y la exitosa incursión de los sensores de salud, por ejemplo. El mercado está ahí, querámoslo o no, y – por lo visto – la Primera y la Segunda Declaración de La Habana no parecen adecuadas para comprenderlo.
DC / Dip. Luis Barragán / @LuisBarraganJ