El Ministerio Público aplica a María Corina Machado “el derecho penal del enemigo, con el que se persigue a los factores políticos por lo que son y no por lo que hacen”. Es la opinión del abogado penalista Jesús Ollarves, quien asegura que el gobierno busca amedrentar a toda la oposición con esa imputación por conspiración, que considera artificiosa.
Aclaró que conspirar implica querer acabar con la forma política de la República, algo que está lejos de ser lo que ha exigido la dirigente: “¿Llamar a unas elecciones es conspirar? ¿Decir que el gobierno tiene que cambiar porque es corrupto, ineficaz o viola los derechos humanos es conspirar? Entonces 80% del país está conspirando. Conspira el grupo privilegiado de jueces y fiscales que hace atrocidades sin que importe su independencia o imparcialidad”.
Ollarves explicó que el delito de conspiración es asociativo, de organización: “Ella no puede conspirar sola. La Fiscalía debería tener una investigación muy clara de con quién está supuestamente conspirando”.
El penalista aclaró que las pruebas en toda investigación penal deben obtenerse de forma lícita y que no es transparente que factores del gobierno –el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez– hagan público el contenido de una investigación (los supuestos correos conspirativos de Machado).
“O al Ministerio Público le están robando la reserva del proceso o el organismo entrega información a actores políticos. Ambas cosas son ilícitas”, agregó.
Reacciones. Continúan las manifestaciones de apoyo de la comunidad internacional. El ex jefe del gobierno español José María Aznar y el ex presidente de Chile Sebastián Piñera expresaron hoy en una carta su respaldo a Machado y a Leopoldo López, y pidieron sanciones contra el “comportamiento antidemocrático del gobierno de Venezuela”, informó Efe.
Aseguran que Venezuela vive un “agravamiento de los atentados a las libertades, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos» y consideran absurda e injustificada la acusación contra Machado y la detención de López.
Pidieron a países y organismos internacionales aplicar “las respectivas cláusulas democráticas e imponer las sanciones que correspondan para conminar al régimen del presidente Maduro a restablecer el pleno respeto a las libertades».
El Nacional | DC