El 24 de octubre fue detenida en el aeropuerto de Guarulhos, Brasil, Yaneth Anza, empleada familiar del ministro Elías Jaua. La mujer llegó al país vecino en un avión de Pdvsa autorizado por el Servicio de Transporte Aéreo del Ejecutivo, pese a no formar parte de la nómina del Estado. Medios brasileños confirmaron que iba acompañada de la suegra del ministro y otros familiares.
Diputados de la oposición denunciaron a Jaua ante la Contraloría General y la Comisión de Contraloría del Parlamento por la presunta comisión de peculado de uso. Sin embargo, el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez aclaró que en este caso se podría haber registrado un delito más grave.
“No es lo mismo ir como pasajero adicional en un avión que cumple una misión oficial, que utilizar un avión del Estado con tripulación y combustible a cargo del Estado, para fines personales. Esto último se llama peculado propio, que es mucho más grave que el peculado de uso”, aseguró.
Arteaga precisó que el peculado de uso ocurre cuando el funcionario usa el bien sin apropiárselo ni causar daño patrimonial. Por ejemplo, el funcionario que utiliza un cuadro famoso propiedad del Estado, para adornar una fiesta en su casa.
El artículo 56 de la recién reformada Ley Contra la Corrupción establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión para el funcionario que “utilice o permita que otras personas utilicen bienes públicos para fines contrarios a los previstos”.
Crítica silenciosa. Al igual que en el PSUV y en el PCV, en el PPT hay dos posturas sobre “las colitas revolucionarias”. En público nadie condena el hecho de que Jaua usara aviones del Estado para trasladar a familiares. “Fue un viaje ministerial”, adujo el concejal de PPT, Wladimiro Miró. Pero fuera de grabación, otro miembro de la dirección nacional rechazó la práctica. “Es condenable”, indicó el alto dirigente pepetista.
¿Revolución en Brasil? En donde sí avanzan las investigaciones es en Brasil. El 30 de octubre el diputado Ronaldo Caiado, del partido Demócratas, pidió al procurador de Brasilia abrir un expediente. En su escrito Caiado expresó preocupación ante un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro, de fecha 28 de octubre, que anunció la firma de convenios entre el Ministerio de Comunas de Venezuela y el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil (MST).
Consideró “especialmente preocupante” que los convenios sean para “entrenamiento y desarrollo de comunidades, con el objetivo principal de apalancar una revolución socialista”, según el comunicado venezolano.
“La celebración de acuerdos de cooperación, a espaldas del Estado brasileño, entre un gobierno extranjero y un movimiento social que recibe financiamiento público indirecto (a través de la ONG Oscip), con la explícita finalidad de catapultar una revolución socialista en Brasil, es un hecho grave que merece una seria investigación por parte del Ministerio Público”, sostuvo Caiado. Exigió aclarar en primer lugar de qué manera se materializará el envío de recursos al MST.
El Nacional | DC