Conforme a nuestra Constitución Nacional, el máximo Tribunal de la República, es parte del sistema de justicia, y es el órgano rector del Poder Judicial, en consecuencia es su máxima autoridad jurisdiccional y ejerce su dirección, gobierno y administración, con la finalidad de asegurar a los ciudadanos la protección y tutela de sus derechos y garantías constitucionales, por esa sagrada responsabilidad, el TSJ está obligado a ser el garante del estado democrático, social, de derecho y de justicia, que está consagrado en la carta fundamental y debe expresarse a través de la administración de justicia imparcial, transparente, racional, equitativa, expedita, autónoma, eficaz, integral y accesible a la ciudadanía.
Traigo a colación estos conceptos, para referirme a lo cuidadoso y hermético que fue el Constituyente de 1999, cuando redactó y aprobó los artículos referidos al Poder Judicial que están establecidos en la Constitución, sobre todo el que tiene que ver con las condiciones que debe cumplir y reunir todo ciudadano que aspire integrar el Tribunal Supremo de Justicia, quienes deben ser hombres y mujeres de reconocida y dilatada trayectoria profesional en el área judicial y de intachable condición ética y moral; igual de exigentes son los requisitos para quienes aspiren ser rectores del Poder Electoral, que además de contar con las credenciales profesionales y no haber sido condenado en los últimos 20 años ni tener antecedentes penales, establece como condición sine qua non, la de independencia político-partidista, lo que impide constitucionalmente que ciudadanos de reconocida militancia partidista, puedan formar parte de esa institución que es la encargada de la rectoría de todos los procesos electorales en nuestro país.
Basado en el respeto y apego que se le debe a nuestra Constitución y en el fiel cumplimiento de esta, es que venimos planteando a la opinión pública y a los diputados de la Asamblea Nacional que fueron nombrados en las comisiones que están trabajando para la renovación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y rectores del Consejo Nacional Electoral, que si en verdad tiene la disposición de proponer y nombrar magistrados y rectores apegados a la legalidad, crucen los nombres de los aspirantes con los listados de militancia de los partidos políticos, y con los del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y seguro estará el país, que del resultado de ese trabajo, esos cuantiosos listados de aspirantes se reducirían sustancialmente porque para nadie es un secreto, que este régimen desde los tiempos del fallecido presidente Chávez, viene violando flagrante y alevosamente la Carta que ellos mismos aprobaron y una irrefutable prueba de ello es, que Jorge Rodríguez salió de la Vicepresidencia de la República, para la Presidencia del CNE, el Ex diputado oficialista y miembro de la Dirección Nacional del extinto MVR Luis Eduardo Franceschi, es hoy magistrado de la Sala Social, y más recientemente Gladys Rodríguez dejó la Procuraduría General de la República, que no es otra cosa que ser abogado del Gobierno y del partido de Gobierno, para ejercer hoy como flamante magistrada presidenta del máximo Tribunal del país. Si la tarea es con seriedad y apegada a la Constitución, esas comisiones cuestionadas deberían actuar conforme a ella y no repetir estos amañados procesos, que son la causa fundamental de todos los males del poder judicial en Venezuela y de la falta de credibilidad en el Consejo Nacional Electoral. ¿A quién quieren engañar?
DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex Parlamentario del Estado Sucre / Petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP