El Alto Calafate, un lujoso resort en la Patagonia argentina, se presenta como «un refugio de paz, calidez y confort con elevados estándares de calidad».
Pero en los últimos días hubo más tensión que relax en las conversaciones sobre el hotel de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o simplemente «el hotel de Cristina», como se le conoce en Argentina.
Este complejo es una de las propiedades de la mandataria en el Calafate, en el sur de Argentina, y puerta de entrada para el Perito Moreno, un espectacular glaciar que atrae cada año a decenas de miles de turistas.
Cuenta con dos piscinas interiores, un spa y un restaurante de comida tradicional patagónica con impresionantes vistas al Lago Argentino y al Cerro Calafate.
En los últimos días ha estado en el centro de una polémica por la investigación de un juez a la empresa que gestiona el resort de la presidenta -Hotesur S.A.- que ha generado una nueva guerra entre el gobierno y la oposición, a la que se ha sumado la propia mandataria.
El magistrado federal Claudio Bonadio investiga si el hotel es parte de una operación de lavado de dinero, debido a que Hotesur acordó alquilar durante dos años casi un millar de habitaciones al mes -estén o no ocupadas- al empresario Lázaro Báez, un aliado del gobierno.
«Operación mediática-judicial»
Bonadio ordenó la semana pasada allanar un domicilio de la empresa en Buenos Aires, luego de que una diputada opositora, Margarita Stolbizer, presentara una denuncia penal contra Fernández de Kirchner por supuestas irregularidades fiscales y societarias para lavar dinero a través del alquiler de habitaciones.
«Desde hace años el patrimonio de la presidenta ha estado bajo el escrutinio de algunos medios y de la oposición argentina, que la acusan de haberse enriquecido ilícitamente y de haber usado a Baez como testaferro para ocultar su riqueza», explica el corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Ignacio de los Reyes.
«Aunque Báez se encuentra imputado, no existe ningún proceso judicial que involucre de manera directa a Fernández», añade el periodista.
Después de que se conociera que la empresa no había presentado todos sus balances, el gobierno multó a Hotesur con 3.000 pesos (aproximadamente $ 350), la sanción más severa para este tipo de infracciones.
La decisión fue criticada por la oposición por considerar la multa insuficiente para una empresa que gestiona un hotel de lujo donde las habitaciones cuestan entre $ 190 y $ 500 por noche.
«Es una irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo», argumentó el secretario de Justicia, Julián Álvarez.
La empresa de la que es accionista Fernández reconoció en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Casa Rosada haber incurrido en fallas formales y demoras.
Pero también aseguró que la investigación judicial «constituye una operación mediática-judicial con la infaltable complicidad de sectores de la oposición partidaria y vaya a saber con que otra apoyatura externa, contra la presidenta y sus hijos».
El gerente general del hotel no contestó a un pedido de entrevista de BBC Mundo para hablar sobre el tema.
Contraataque
La propia Cristina Fernández salió en defensa de Hotesur este martes en su cuenta de Twitter, donde aseguró que una compañía en la que el juez Bonadio aparece como dueño tampoco había presentado sus balances a tiempo ante la Inspección General de Justicia.
«Igualito que Hotesur S.A. Algún legislador o legisladora denunciará? Algún Juez allanará? Que dirá la prensa independiente? (sic)», escribió la mandataria en Twitter.
Las palabras de la presidenta inspiraron al oficialismo para presentar una denuncia penal contra el magistrado que ordenó investigar la empresa hotelera, a quien el kirchnerismo acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El Hotel Alto Calafate es quizás el más conocido de las propiedades de la presidenta, pero no es el único establecimiento hotelero de la mandataria.
La declaración jurada de patrimonio de Fernández también refleja que es dueña de otro hotel, Los Sauces, en Calafate, así como casas, departamentos y locales comerciales en Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz, de la que fue gobernador su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
En total, la presidenta tiene declaradas 26 propiedades -es titular de 50% de cada una de ellas, el otro 50% es de sus dos hijos- y un patrimonio total de 55 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 6,5 millones de dólares.
BBC | DC