Los 11 manifestantes, entre ellos un chileno, detenidos en una protesta por los 43 desaparecidos en México y encarcelados diez días en prisiones de alta seguridad denunciaron el martes que fueron sometidos a tortura física y psicológica y anunciaron demandas al Estado.
«Estaremos presentando una demanda de reparación del daño» así como para «buscar una disculpa pública del Estado mexicano, y la renuncia respectiva de los funcionarios involucrados», dijo en una conferencia de prensa David Peña, abogado de los 11 detenidos, informó AFP.
Este grupo de ocho hombres y tres mujeres fue arrestado durante una multitudinaria marcha el 20 de noviembre que derivó en un enfrentamiento entre un grupo radical y policías antimotines en la neurálgica plaza del Zócalo de Ciudad de México.
La fiscalía acusó a los 11 detenidos por los delitos de crimen organizado, tentativa de homicidio y motín y los encarceló en dos penales de alta seguridad, pero el juez los liberó el sábado por falta de pruebas.
En la conferencia, el chileno Lawrence Maxwell, de 47 años, denunció que fue arrestado cuando se encontraba pacíficamente en la manifestación por policías que le taparon los ojos con su propia chaqueta y lo golpearon brutalmente en la cara, pulmones y riñones.
Maxwell señaló que escuchó a un policía decir «a él, agárrenlo», cuando cientos de uniformados disolvían la marcha.
«No pensé en la pesadilla que iba venir», narró el chileno, que considera «una obligación ética y moral» protestar por la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre en Iguala (Guerrero, sur) aunque no ocurriera en su país, ya que es un crimen «que trascendió fronteras».
Juan Daniel López, un estudiante de bachillerato de 18 años, dijo de su lado que al ser detenido fue golpeado por más de 30 policías.
Ambos coincidieron en que el peor momento fue el traslado desde la fiscalía de Ciudad de México al penal de alta seguridad de Xalapa (este), un trayecto de 316 km en el que aseguran que fueron torturados psicológicamente con amenazas de que les iban a matar y desaparecer sus cuerpos.
«Pensé en suicidarme, pensé en matarme antes que la Procuraduría General de la República (fiscalía) me hiciera algo», dijo López.
Su abogado adelantó que solicitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman) que aplique el Protocolo de Estambul para que se compruebe la tortura física y psicólogica a sus clientes.
Agencia | DC