La reforma fue publicada en la Gaceta Extraordinaria 6.156 -que circuló este jueves-, con cambios que están principalmente dirigidos a reforzar el marco sancionatorio contra los delitos enmarcados en la llamada “guerra económica”.
El texto legal prevé multas, ocupación, cierre y clausura temporal, decomiso de bienes, revocatorias de licencias y permisos, así como prisión por incurrir en cualquier “distorsión propia del modelo capitalista”. Tal es el caso del boicot, acaparamiento, especulación y usura, entre otros.
Destaca que la mayoría de los delitos tipificados ahora tienen un agravante común: si la práctica irregular se comete sobre bienes producidos o distribuidos por las redes públicas o fue adquirido con divisas preferenciales, la pena de prisión será aplicada a su límite máximo, la multa será doble y los bienes del infractor serán confiscados. El agravante incluye las penas por acaparamiento y la especulación, los cuales contemplan entre ocho y 10 años de cárcel, sanción pecuniaria entre 1 mil y 50 mil Unidades Tributarias (UT) y ocupación temporal.
En el caso del boicot -que es castigado con prisión de 10 a 12 años, multas de hasta 50 mil UT (Bs 6 millones 350 mil) y ocupación temporal-, se añade que si se comete en detrimento del patrimonio público, los bienes serán confiscados. La reventa de productos de primera necesidad (buhonerismo), que sólo era castigada con multa entre 200 UT (Bs 25 mil 400) y 10 mil UT (Bs 1 millón 270 mil) ahora tendrá la pena de cárcel entre uno y tres años y el decomiso de la mercancía.
También fue reforzada la sanción por contrabando. La pena de prisión -que era de 10 a 14 años- ahora oscila entre 14 y 18 años, mientras se incluye multa por el doble del valor de los bienes (no puede ser menor a 500 UT, Bs 63 mil 500). De incurrir en contrabando de “bienes priorizados”, o que provengan de redes públicas, las penas serán dobladas y se confiscará la mercancía.
DC – AVN
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