CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), fundación cuya dirección han integrado Pablo Iglesias y varios líderes más de Podemos, realizó sucesivos informes en 2011 para Hugo Chávez sobre el destacado dirigente venezolano opositor Leopoldo López. En dichos escritos aconsejó presentarlo mediáticamente como un «corrupto» y silenciar al máximo la persecución política que ya denunciaba y sufría.
El caso de López, preso desde el pasado febrero, adquirió especial relevancia en España tras pedir en octubre pasado su esposa, Lilian Tintori, ayuda para su liberación al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Este último inicialmente se zafó de tal petición. Alegó que no podía hacer nada y que temía meter en un atolladero político a Podemos. Posteriormente, dicha formación se ofreció a «estudiar seriamente el caso» y le pidió a Tintori «todos los documentos informativos, jurídicos y otros materiales de documentación».
Podemos dijo sentirse desinformado sobre la situación de este disidente venezolano. Pero la fundación CEPS, que han dirigido durante años sus líderes, conoció al detalle la génesis de la persecución a este opositor. López, antes de ser detenido por las autoridades venezolanas, fue inhabilitado en 2008 para ocupar cualquier cargo político. Esta sanción fue declarada ilegal el 1 de septiembre de 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de Chávez desoyó el fallo.
CEPS, ante tal ilegalidad, se limitó a aconsejar ya entonces al Gobierno de Chávez que intentara silenciar el caso: «Sería interesante, por un lado, no potenciar la táctica telenovelesca respecto al caso Leopoldo López, haciendo las menos declaraciones posibles, y contestando de modo institucional, procurando hacer referencias genéricas al seguimiento de los trámites legales oportunos».
Los asesores de CEPS en sus informes a Chávez destacaban el peligro de la represión sobre López para la imagen del régimen bolivariano: «De vuelta con los derechos humanos. Esta semana la táctica concreta de visibilización de la oposición como defensora de éstos ha estado centrada en dos cuestiones, ambas con repercusión internacional: el fallo de la CIDH en el caso Leopoldo López y las críticas a la actuación del CNE (Consejo Nacional Electoral)».
CEPS, embrión del partido que ahora dice desconocer el caso López, en un informe posterior volvió a analizar los problemas que generaba a su cliente, Chávez, este opositor ilegalmente neutralizado para competir electoralmente: «Otro de los asuntos a destacar esta semana es, sin duda, la carrera a las primarias donde se destaca la presencia política de Leopoldo López. López continúa su campaña para hacer valer el fallo de la Corte, con estrategias nacionales e internacionales».
Y los asesores de Chávez alertaban del daño a su imagen en el exterior que podía generar el opositor vetado políticamente, cuyos pasos seguían con sumo detalle. «Internacionalmente, se han dirigido a la sede de la OEA en Caracas, así como anunciaron la intención de interpelar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que coincidiría con el examen periódico universal (EPU) al que se somete este país ante Naciones Unidas en materia de derechos humanos». «Asimismo», proseguía el informe de CEPS, «han vertido declaraciones relativas a la imposibilidad para Venezuela de culminar la entrada en Mercosur de no acatar las resoluciones de la CIDH».
En el ámbito interno el mantenimiento del veto a la candidatura de López era igualmente una bomba para Chávez, según los asesores de CEPS. «Desde la perspectiva nacional: Su estrategia pasa por posicionarse como postulante de facto a las primarias y engrosar su figura de «víctima-héroe» en la «lucha por los derechos humanos en Venezuela. Así este sábado presentó su candidatura en un acto público en Chacaíto y su discurso se centró en gran medida en esta condición de «víctima-héroe», ignorando las propias primarias opositoras y pretendiendo fortalecer su posición a fuerza de debilitar al contrario (constantes apelaciones a la idea «Chávez tiene miedo»).
Hay que acortar la hora de gloria
CEPS en ningún momento se plantea que debería bastar el fallo de la CIDH para levantar su inhabilitación como candidato político. Mide qué es mejor políticamente para Chávez. Sólo busca «acortar la hora de gloria que pretende vivir López para no facilitar el fortalecimiento del personaje». Incluso sopesa un golpe de efecto: «Al discurso del miedo y de la supuesta debilidad debería responderle la fuerza desde una manifestación de serenidad. Hasta ahora el presidente (Chávez) la ha hecho en general, mostrándose confiado de su victoria de 2012, pero ganaría en que la misma serenidad sea ejemplificada en el caso López, permitiendo su candidatura (creando la sorpresa), mandándolo a primarias a enfrentarse a los compañeros que acaba de engañar individualmente y, en su caso, midiéndose en las urnas».
Este regalo envenado, nunca formalizado, llevaba como peaje desacreditarlo: «Todo ello dejando claro que López ya no es funcionario, pero sigue siendo corrupto y que poder optar a ser candidato no es un mérito, es un derecho de la inmensa mayoría de los y las venezolanos». Pero López nunca pudo ejercer tal derecho de «la inmensa mayoría de los y las venezolanos».
No sólo no pudo concurrir sino que acabó preso años más tarde, en 2014. CEPS no defendía el derecho democrático a concurrir de López. Sólo veía los peligros políticos de vetar su candidatura: «No acatar la sentencia de la CIDH podría tener grandes costos políticos para el Gobierno venezolano, sobre todo de cara a su imagen internacional y alimentaría la victimización de López, quien podría capitalizarlo de cara a futuras contiendas electorales».
Todo este argumentario procedía de una fundación que proclama como su fin social extender la democracia y los derechos humanos. Casualmente, López ha sido detenido cuando debía finalizar su inhabilitación política. En ambos procesos, el que le llevó a la inhabilitación y ahora a prisión, se le acusó de corruptelas.
3,7 millones por informes como el del caso López
Una lacra, la corrupción, que ahora Iglesias asume que asola a Venezuela, a pesar de haberfacturado su fundación durante una década al régimen bolivariano más de 3,7 millones de euros a cambio de asesorías diversas, como ésta donde aconsejan silenciar al disidente López.
Significativamente, la fiscalía venezolana le halló sospechoso en febrero pasado de múltiples delitos (terrorismo, incendio, homicidio…) tras liderar diversas protestas ciudadanas.
Pero quizá el mayor delito atribuible a López es que podía ser un buen rival contra Chávez, como admitían sus propios asesores de CEPS: «Estas elecciones internas podrían ser ganadas por López si éste lograra canalizar mayoritariamente los apoyos basándose en su figura de mártir del chavismo, perfil que ya ha estado explotando profusamente tanto en el escenario nacional como en el internacional. López se está presentando, además, como contrincante de facto de Hugo Chávez en las presidenciales de 2012 y realizó un acto de lanzamiento oficial de su candidatura como habilitado cuando no hay todavía una decisión tomada sobre su caso».
A falta de mayores argumentos jurídicos sobre el varapalo de la CIDH, Chávez intentó desacreditar a dicha corte «denunciando la parcialidad de este organismo y su connivencia con la corrupción por la que López está sentenciado».
La ONU ha solicitado al Gobierno de Venezuela la excarcelación de López por juzgar que sufre una detención arbitraria. Pero a Iglesias, a tenor de su respuesta a la esposa del opositor encarcelado, le faltan datos para hacer otro tanto ante el ejecutivo que durante años asesoró su fundación.
Este diario, por tercera ocasión consecutiva, ha solicitado sin éxito la versión de los dirigentes de Podemos que formaron parte del patronato de CEPS o colaboraron con dicha fundación en dichos años (Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero).
DC | vía Vozpopuli
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