El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, canceló hoy la visita programada para este miércoles en la ciudad de Iguala frente a la posibilidad de que se desarrollaran manifestaciones violentas que pusieran en riesgo su seguridad, según reportaron los medios locales.
Ése es el lugar donde fueron vistos por última vez con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fueron secuestrados el 28 de septiembre por policías corruptos, tras la orden del entonces alcalde José Luis Abarca, y luego ejecutados por sicarios del cártel Guerreros Unidos.
El caso convulsionó a todo México y precipitó protestas por todo el país contra las autoridades, incluyendo el pedido de renuncia para Peña Nieto. Varias de estas manifestaciones derivaron en episodios violentos, como la ocupación y quema de edificios públicos en el estado de Guerrero.
Los profesores se enfrentan con la policía antidisturbios frente al edificio del Congreso del estado de Guerrero en Chilpancingo, México, el 13 de octubre de 2014
El actual alcalde de Iguala, Silvano Mendiola Pérez, aseguró hoy que estaban garantizadas las condiciones de seguridad para recibir al presidente, pero de todas formas la visita no se realizará. «La seguridad pública está a cargo de las instituciones federales», dijo a la prensa.
LAS MANIFESTACIONES POR LOS 43 ESTUDIANTES DERIVARON EN EPISODIOS DE VIOLENCIA
Ante el creciente descontento y el coletazo en su popularidad, Peña Nieto envió esta semana al Congreso una iniciativa de reformas constitucionales en materia de seguridad. El mandatario admitió que el caso de Ayotzinapa «marca un antes y un después» y «exhibió las vulnerabilidades que tienen, particularmente, los gobiernos municipales».
Además de la desaparición de los estudiantes, su imagen se va visto perjudicada por la muerte de 22 civiles el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, en lo que el Ejército dice que fue un enfrentamiento con criminales y testigos aseguran que fue una masacre.
Asimismo, hace unas semanas trascendió que la primera dama vivía una lujosa mansión, valuada en 7 millones de dólares, cuyo verdadero propietario era un consorcio con licitaciones públicas. El mandatario debió hacer público su patrimonio personal para acallar las críticas. A dos años de haber asumido, su nivel de aprobación se ubica en el 39 por ciento.
Infobae | DC