El alcalde del municipio Unda del estado Portuguesa, Oswaldo Zerpa, hizo un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al gobernador de la entidad, Wilmar Castro, para que actúen contra las acciones de la Fuerza Armada Nacional y otros cuerpos de seguridad en los municipios cafetaleros de los estados Portuguesa y Lara, así como de otras regiones del país.
El burgomaestre denunció que realizaron una toma militar en tres comercializadoras de café de Chabasquen y una de Biscucuy, con la cual están amedrentando a los productores para obligarlos a llevar su producción a las torrefactoras del Estado, que están pagando el quintal de café a un precio “pírrico”, que es el establecido en la Gaceta Oficial.
Zerpa calificó como un atropello contra los comercializadores de café y los productores la actividad de las fuerzas de seguridad del Estado.
Refirió el alcalde que los militares actúan por orden del Ministerio de Agricultura y Tierras, porque en las plantas estatales de Café Madrid, Fama de América y Café Venezuela no les está llegando café. Asegura que los productores prefieren arrimar su cosecha en las comercializadoras privadas que les pagan un poco más y a tiempo.
Expuso que la solución al problema no es obligar a los productores a vender su café a precios ínfimos, sino revisar los precios oficiales de 2.700 bolívares y 3.600 bolívares y llevarlos al precio real de la inflación, que es de 4.500 y 6.000 bolívares por quintal, según su calidad, tal como se calculó en la última reunión entre productores y gobierno nacional.
Agropecuaria militarizada
Jean Carlos Peraza Torrealba, dueño de la agropecuaria Mafercar de Biscucuy, manifestó que la medida representa un atropello porque durante los últimos cuatro días no le han permitido comprar ni vender café al mayor ni detal.
El productor explicó que compra el café a 4.500 bolívares el quintal, como lo establece la Gaceta Oficial, y que actualmente tiene una cola de 300 productores en espera para arrimar el café. No obstante, sostiene que los efectivos militares no le permiten trabajar.
Peraza teme que le vayan a decomisar el café que tiene para la venta, dado que considera que la acción ejecutada es arbitraria.
El Nacional | DC