Ocultos en un contenedor ocre de 20 pies, los casi 1.400 kilos de cocaína atravesaron sin problemas una veintena de puestos militares durante su recorrido de más de 800 kilómetros desde la frontera con Colombia hasta la capital venezolana, Caracas.
Las autoridades venezolanas no sospecharon nada mientras la droga estuvo escondida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el principal del país. Tampoco cuando fue colocada en 31 maletas con nombres falsos en las etiquetas y despachada el 10 de septiembre del 2013 a París, en un Airbus de Air France.
Días después, la policía francesa anunció el mayor decomiso de cocaína en su historia tras una meticulosa operación con agentes franceses, británicos, españoles y holandeses. Los venezolanos fueron mantenidos en la oscuridad total.
«¿Cómo iban a participarles de la operación sabiendo que los militares venezolanos eran los que estaban involucrados?», dijo Mildred Camero, ex jefa de la agencia antidrogas de Venezuela bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez y quien asegura que fue destituida por investigar lazos entre militares y el narco.
Al menos un centenar de militares y policías venezolanos han sido procesados por tráfico de drogas en el último lustro, según datos del Ministerio Público. Entre ellos, ocho oficiales de bajo rango por el caso de las «narcomaletas» de Air France.
El affaire de Air France es el más escandaloso de una serie de decomisos que muestran que el narcotráfico se ha diseminado por Venezuela, convirtiéndola en la nueva alternativa para exportar cocaína sudamericana hacia Estados Unidos y Europa, y en otro frente de batalla contra un negocio ilícito mundial de 88.000 millones de dólares al año.
«El Gobierno de Nicolás Maduro sabe que el narcotráfico está enquistándose en su país», dijo un diplomático europeo conocedor del tema que habló en condición de anonimato.
La facilidad con que toneladas de cocaína son movidas a través de los puertos y aeropuertos de Venezuela ha llevado a analistas, afuera y en casa, a asegurar que los traficantes lograron corromper a las fuerzas castrenses.
Pero el gobierno niega que sus fuerzas militares, como institución, hayan sido seducidas por los cárteles.
«Son manzanas podridas, actuaciones individuales», dijo a Reuters el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, después de dar detalles sobre la más reciente operación antinarcóticos en el estado Zulia, a pocos metros de Colombia.
«Ambiente permisivo y corrupto»
Bañada por el Caribe y el Atlántico y a menos de tres horas de vuelo desde Miami, Venezuela tiene una ubicación privilegiada para el comercio con Estados Unidos y Europa.
Y eso ha sido aprovechado por los traficantes, que en la última década quintuplicaron los envíos anuales de cocaína hacia Europa y Estados Unidos a 300 toneladas métricas, la mitad de la droga producida en Sudamérica, según la oficina de Supervisión del Congreso de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés).
De acuerdo a la entidad, el volumen es similar a la droga que ingresa a Estados Unidos desde México y superior al que se exporta desde Brasil.
«Debido a su permeable frontera con Colombia, sistema judicial débil, esporádica cooperación antinarcóticos y ambiente permisivo y corrupto, Venezuela es una de las rutas más frecuentes para el tráfico de drogas desde América del Sur», denunció el Departamento de Estado en su informe antinarcóticos.
Pero hay otras razones.
Una es el mercado. Venezuela es un punto ideal para exportar droga hacia Europa, a dónde los traficantes están cada vez más enfocados por los márgenes de ganancia hasta un 40 por ciento mayores que en Estados Unidos, según las cifras más recientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Otro factor fue la ofensiva de más de 14 años en la vecina Colombia apoyada por Washington, que debilitó al narcotráfico e hizo que muchos criminales se refugiaran en Venezuela.
«Los líderes de grandes grupos colombianos del narcotráfico han convertido a Venezuela en su sede», dijo a Reuters Steven Dudley, de InSight Crime, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación del crimen organizado en la región.
Durante una visita a principios de diciembre a una zona fronteriza con Colombia, militares relataron a Reuters que pocos días antes habían hecho un operativo en la selva y no lograron capturar a los narcotraficantes.
En ese momento, el rugido del helicóptero militar artillado Cougar previno a los criminales, que, para cuando el comando de la Guardia Nacional se abrió paso entre la espesura de la selva fusiles en ristre y llegó al laboratorio clandestino, eran sólo siluetas en una lancha perdiéndose del lado colombiano.
Estas escenas se han repetido a lo largo de este año. Y aunque en esta operación no hubo capturas, 107 jefes -en su mayoría colombianos- de grupos dedicados al tráfico de drogas fueron atrapados en los últimos ocho años, según el Gobierno.
Entre ellos, el colombiano Alejandro «El Loco» Barrera, acusado de despachar más de 900 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa y Diego «Rastrojo» Pérez, que se sospecha controla la mitad del tráfico de la droga colombiana hacia Europa, Centroamérica y África.
Hay quienes opinan que parte del problema es que Venezuela se aisló de los esfuerzos internacionales al expulsar en el 2005 a la agencia antidrogas estadounidense DEA, a la que Chávez acusó de espionaje y hasta de apoyar el tráfico en el país.
Pero con la salida de la DEA, Venezuela incautó casi 80 por ciento más de droga que con la ayuda de ella. Desde entonces los decomisos fueron cayendo hasta alcanzar el año pasado niveles similares a cuando estaba la agencia, una disminución que el gobierno de Maduro asegura se debe a su «lucha frontal».
Puente aéreo
Otrora uno de los más importantes de Latinoamérica, el aeropuerto Simón Bolívar, a orillas del Caribe, ha estado en los últimos años en el centro de numerosos escándalos de drogas.
Antes de embarcar, muchos de los cinco millones de viajeros internacionales que cada año pasan por este terminal son sometidos a un engorroso escrutinio. Al azar, militares abren los equipajes revolviéndolo todo.
Pero a veces la droga pasa directo a la pista de despegue.
En mayo de 1999, por ejemplo, 90 maletas negras cargadas con 2.000 kilos de cocaína despegaron rumbo a Riad en la bodega del Boeing 727 del príncipe saudí, Nayef Bin Fawwaz al-Shaalan, de visita en Venezuela para una reunión de la OPEP.
La droga fue embarcada por el traficante colombiano Carlos «El Médico» Zapata mientras Al-Shaalan conversaba con Chávez y representantes de la OPEP en el palacio presidencial de Miraflores. El alijo fue incautado en París.
El caso fue apenas reseñado en los medios venezolanos que, por entonces, vivían el entusiasmo del recién estrenado gobierno socialista de Chávez. Pero no pasó desapercibido para Interpol y varias policías europeas, que alertaron que Venezuela comenzaba a posicionarse como trampolín de la droga sudamericana.
Según expertos en tráfico de drogas, países de la costa atlántica africana como Ghana, Senegal y Sierra Leona se han convertido en una especie de almacén para buena parte de la cocaína que sale de Venezuela rumbo al mercado europeo.
Una de las evidencias más contundentes fue el hallazgo, a fines del 2009, de un Boeing 727 procedente de Venezuela calcinado en el desierto de Malí. La policía local concluyó que el avión aterrizó en una pista clandestina, descargó 10 toneladas de coca y fue incendiado para eliminar toda evidencia.
De África occidental la droga sudamericana sigue su travesía por mar o a través del desierto del Sáhara hasta España, su principal puerta de entrada a Europa. Según el propio Gobierno venezolano, el tráfico desde Venezuela suele involucrar a organizaciones como la ‘Ndrangheta o la Cosa Nostra italianas.
«Si los cargamentos de droga que salen de Venezuela siguen creciendo como en la última década, en pocos años el país habrá superado a Colombia como el hub sudamericano de la droga», dijo el diplomático europeo en Caracas.
Alarmado por el constante sobrevuelo de aviones cargados de droga en los estados fronterizos con Colombia, como Apure, Barinas y Amazonas, el presidente Maduro ordenó a la fuerza aérea derribar cualquier avión que viole el espacio venezolano.
Bolivia, otro país de tránsito, acaba de autorizar el abatimiento de narcoavionetas y Perú se lo está pensando.
Unas 36 aeronaves cargadas con droga fueron capturadas o derribadas en Venezuela en el 2013. Este año van 25 interceptadas por cazas F-16 de la fuerza aérea venezolana.
«Las medidas que hemos tomado, sobre todo, con la ley de control del espacio aéreo, han disminuido esa tendencia significativamente», dijo el ministro López, asegurando que el pago a los pilotos de las narcoavionetas que pasan por Venezuela se ha triplicado en el último año por el riesgo que significa ingresar al país.
Sin embargo, en los llanos venezolanos ubicados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Colombia, los narcotraficantes siguen adquiriendo fincas rústicas con la intención de construir pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de avionetas repletas de droga.
«Lamentablemente, el estado Apure ha sido utilizado como puente para el narcotráfico», reconoció recientemente el gobernador de esa entidad, el oficialista Ramón Carrizales.
El cartel de los soles
La calurosa mañana del 6 de septiembre del 2004, Mauro Marcano salió de su casa en la ciudad oriental de Maturín rumbo a la radio donde trabajaba, dispuesto a revelar los nombres de militares presuntamente involucrados en el narcotráfico.
Pero el periodista de 55 años no llegó muy lejos. Dos hombres a bordo de una moto le cortaron el paso en el estacionamiento de su residencia y lo acribillaron a balazos.
Sus familiares dicen que agentes policiales allanaron inmediatamente su casa, llevándose documentos, grabaciones y una cámara de vídeo que contenían pruebas sobre la existencia del «Cártel de los Soles», una supuesta organización de militares dedicada al narcotráfico y bautizada así por las insignias que los oficiales venezolanos cargan sobre sus hombros.
Marcano, según sus familiares, no sólo iba a revelar los nombres de militares activos ligados al «Cártel de los Soles». Tras meses de pesquisas, el periodista había descubierto que oficiales de la Guardia Nacional declaraban apenas una parte de las drogas incautadas y vendían el resto a narcotraficantes.
En septiembre del 2008 la justicia cerró el expediente del asesinato de Marcano sin encontrar responsables.
Pero cuatro años más tarde, ante la presión de los medios, el caso fue reabierto y un supuesto narcotraficante local fue sindicado como actor intelectual del asesinato y condenado a 23 años. No se presentaron cargos por tráfico de drogas.
Poco tiempo después del asesinato de Marcano, la ex jefa de la agencia antidrogas, Camero, asegura que fue despedida por investigar los vínculos entre los militares y el narcotráfico.
«Yo comencé a levantar informes del tráfico de drogas de los militares», dijo la ex funcionaria durante una entrevista en un café de Caracas. Y bajando la voz hasta convertirla en apenas un susurro, añadió: «Eso no gustó al alto Gobierno».
Según Camero, el entonces vicepresidente José Vicente Rangel le dijo que dejara a los militares «tranquilos». Reuters no pudo contactar a Rangel para corroborar las denuncias.
Nueve funcionarios venezolanos de alto rango figuran en la lista de personas y empresas sospechosas de vínculos financieros con el narcotráfico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cinco son militares, entre retirados o activos, y otro es un ex agente del servicio de inteligencia, uno es diplomático y también figuran dos políticos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Las autoridades dicen que las acusaciones no tienen fundamento y varios de los señalados incluso han escalado posiciones durante los años de gobierno socialista ocupando altos cargos militares, gobernaciones y embajadas.
Uno de ellos, el ex jefe de inteligencia militar Hugo Carvajal, fue arrestado a fines de julio en Aruba por órdenes de fiscales estadounidenses que lo acusan de trabajar para un narco colombiano y coordinar envíos de toneladas de cocaína.
Carvajal, que se desempeñaba como cónsul venezolano en Aruba, fue puesto en libertad días después por su inmunidad diplomática pero no fue absuelto.
«La integridad moral del compañero Hugo Carvajal jamás estuvo en duda. Jamás», dijo Maduro al recibir con un abrazo al ex funcionario, asegurando que todo fue una trampa, un montaje.
DC | Reuters