Brasil y Holanda expresaron su indignación y retiraron a sus embajadores en Indonesia, luego de que el país ejecutara a dos de sus ciudadanos, que fueron fusilados este domingo junto a otros tres extranjeros tras una condena por narcotráfico.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo sentirse “consternada e indignada” por el fusilamiento, indicó un portavoz y después el país, igual que Holanda, decidió llamar a consultas a su embajador en Indonesia.
El domingo Indonesia ejecutó a seis personas, un ciudadano local y cinco extranjeros procedentes de Brasil, Holanda, Malaui, Vietnam y Nigeria. El brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años, condenado en 2004 por introducir cocaína en el país, fue fusilado en la isla de Nusa Kambangan, en la costa sur de la isla de Java, donde hay una prisión de alta seguridad.
Estos fusilamientos son las primeras penas capitales bajo la presidencia de Joko Widodo, que asumió el cargo en octubre. A pesar de su imagen reformista, Jokowi —el apodo con el que se le conoce— ha dado su apoyo a la pena de muerte en un país que tiene una estricta legislación contra el tráfico de drogas.
“La guerra contra la mafia de la droga no se puede llevar a cabo con medidas tímidas porque las drogas han arruinado la vida de los drogadictos y de sus familias”, dijo el presidente este domingo en un mensaje en Facebook.
Jokowi ya había advertido que condenados no recibirían el perdón presidencial porque el país se enfrenta a una “emergencia” en su lucha contra las drogas. “El recurso a la pena de muerte, que la sociedad mundial condena cada vez más, afecta gravemente a las relaciones entre nuestros países”, había dicho Brasil en un comunicado el sábado.
Por su parte, el ministro de Exteriores holandés, Bert Koenders, dijo que su país también había llamado a consultas a su embajador tras el fusilamiento de Ang Kiem Soei, que fue calificado como “terriblemente triste”.
“Mi corazón está con sus familias, para las cuales esto marca un dramático final tras años de incertidumbre”, afirmó Koenders. El funcionario destacó además que su país “sigue oponiéndose a la pena de muerte”.
– Temor de otras ejecuciones –
Los condenados habían sido sentenciados a muerte entre 2000 y 2011, acusados de tráfico de drogas y cuyas peticiones de clemencia al presidente indonesio habían sido rechazadas el mes pasado.
Desde 2008 el gobierno indonesio respetaba una moratoria no oficial sobre la pena de muerte pero en 2013 retomó las ejecuciones, aunque en 2014 no hubo ejecuciones.
Tras las ejecuciones del domingo, en Indonesia hay unas 60 personas en el corredor de la muerte, de las cuales la mitad son extranjeros, dijo un funcionario de la agencia nacional contra el narcotráfico.
La dura postura de Widodo ha desatado el temor de que otros condenados sean ejecutados, especialmente dos australianos que fueron capturados en Indonesia en 2005 acusados de introducir heroína al país.
Según el diario Folha de Sao Paulo, otro brasileño, Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 42 años, también está preso desde hace diez años por introducir cocaína en el país y podría ser ejecutado en febrero.
DC | AFP
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