El nuevo modelo de control militar del orden público que establece el Ministerio de Defensa venezolano «menoscaba las garantías constitucionales» que prohíben el «uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacíficas», indicó este grupo en un comunicado.
En opinión de Veppex, esta resolución firmada por el general en jefe del Ejército, Vladimir Padrino López, «viola lo que establece la Constitución nacional en esta materia y deja claro el talante depredador de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos».
Calificó, en ese contexto, de «mentalidad asesina y despiadada» la de quienes «tienen posiciones de poder en Venezuela» y autorizan acciones a las Fuerzas Armadas que, «por lógica, moral, costumbre y legalidad, no pueden ejecutar».
La nueva norma, hecha pública el pasado martes, permite el «uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal» como último recurso para «evitar desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión».
El alto mando militar encabezado por Padrino, prosigue el Veppex, «busca sustentar actuaciones ilegales, demostrando así la pérdida de la cordura de muchos funcionarios que dejaron de ser militares para convertirse unos en mercenarios y otros en narcotraficantes delincuentes».
La organización del exilio llamó a la comunidad internacional a «intensificar las observación y vigilancia sobre Venezuela», una nación, aseguró, que «se ha convertido en un Estado forajido que amenaza potencialmente a sus propios ciudadanos y que está dirigido por mafias organizadas para el narcotráfico y alianzas con el terrorismo internacional».
DC / EFE