Hay nuevos detenidos después que fueran apresados hace algunos meses una serie de militares de medio y alto rango, involucrados en un golpe de Estado. La investigación ha estado en la Dirección de la Contrainteligencia Militar, en manos de Hernández Dalas.
El asunto es que varios de los nuevos detenidos, quienes por cierto hace semanas fueron trasladados a la cárcel militar de Ramo Verde, han jurado que se reunieron con el dirigente político Julio Borges, y que éste habría prometido el apoyo político del Partido Primero Justicia para el gobierno de transición.
Aunque las autoridades han tratado de lograr una conexión entre las reuniones de Borges con los militares detenidos y Leopoldo López, el asunto se desdibuja ahí. Se sabe que López y Borges son viejos enemigos, y que Leopoldo incluso habría sido advertido que un sector de Primero Justicia, concretamente un candidato, urdían un plan contra él, un atentando que causara conmoción para que los militares intervinieran en el complot.
Por cierto, a Leopoldo López lo requisaron en su celda bajo órdenes directas de Hernández Dalas, y me cuenta una “garganta profunda” que frente al operativo de incautación estuvo el General de Brigada Hernández Aquino, director de investigaciones de la DIM, uno de los llamados “radicales” de los militares chavistas.
Aquino ha estado al frente de varias investigaciones que han parado lo que el gobierno cree conspiraciones. En los últimos días habría recibido amenazas de un ex oficial al que llaman Tiburón, que estuvo como jefe de la DIM en Bolívar, y al mando del cual todavía habría varios militares que aparecen involucrados en la llamada conspiración.
En la investigación no sólo ha saltado el nombre del presidente de Primero Justicia, Julio Borges, quien ha sido delatado por los que intentaban un golpe de Estado, sino el de un tal Rivero Lagos. A este, según las delaciones, lo involucran como el contacto con el ejército, y sería el encargado de llenar todos “los huecos” en el ejército, donde había mayor resistencia al golpe de Estado.
Uno de los militares detenidos, -hay varios-, tenía dos años trabajando con este grupo, entre los cuales estaba Borges y otros dirigentes políticos. Sobre todo desde que se supo que el presidente Chávez podría morir por el cáncer que lo afectó.
Los militares han delatado a Borges, y aunque dicen que no se reunían con Capriles, candidato entonces de la oposición, dicen que Borges les manifestaba que él estaba al tanto. En las reuniones que se celebraron, según los delatores, se hablaba de llevar al país a una implosión para que los militares colaboraran con una transición.
Muchos de los enlaces decían que los principales objetivos eran la Guardia de Honor, el Ejército y la Guardia Nacional. La red de militares involucrados se gestó desde que Chávez convalecía. Se hablaba de recuperar la democracia con un movimiento militar.
El grupo llega a 60 oficiales. Hasta ahora hay 12 militares presos por la conspiración, de un total de 30. Algunos han salido libres y otros están siendo investigados. Rivero Lagos es uno más. Hay tres generales presos. Rivero Lagos iba a todas las reuniones representando a Borges. Se prometió cargos a los involucrados.
Los emisarios de Borges mencionaron varias a Capriles, y lo involucraron. En febrero de este año Borges y un grupo entregaron toda deliberación y decisión a los militares actuantes.
En el mismo tiempo, cuando la estructura llegó a unos sesenta oficiales involucrados, varios de estos estuvieron de acuerdo en que había infiltrados en la rebelión, como en efecto fue, y estos sirvieron de soplones del golpe que estaba en marcha contra Maduro.
Los hermanos Rivero Lago, uno coronel y otro teniente coronel, así como dos oficiales de la Guardia Nacional, dos de la Armada y uno del Ejército, habrían participado; Oswaldo Hernández Sánchez (G/D), José Machillanda Díaz (G/B) y Carlos Millán Yaguaracuto (G/B), los tres de la Aviación, como la mayoría de los involucrados. Millán salió libre bajo la modalidad de colaborador, es decir, delator.
Los servicios de inteligencia recibieron, por vía de varios oficiales, informaciones de lo que estaban preparando estos uniformados, por lo que desde algún tiempo se hacía seguimiento a sus movimientos y conversaciones.
Uno de los delatores dice que Julio Borges le manifestó que se había reunido con decenas de militares en todo el país. En las mismas reuniones se tenía como objetivo militar a Padrino López, a quien querían asesinar en medio del golpe.
Los capitanes de la Guardia Nacional, Juan Carlos Yaguaripano (activo) y Juan Carlos Nieto Quintero (retirado) habrían estado involucrados también. De hecho, tengo en mi poder documentos donde los fiscales del caso, el mayor Elías Plasencia y el primer teniente Jonathan Contreras, solicitaron a la juez tercera de Control Militar, Larisa Theis Ferrer, la intervención de doce números telefónicos, presuntamente utilizados por los participantes del complot. Eso por parte de la Dirección de Apoyo a Investigaciones Penales, a cargo del general de brigada Wuilman Hernández Aquino, uno de los llamados de la “línea dura” del chavismo, y quien es conocido por su eficacia en las investigaciones. Lo llaman el bajo perfil.
Uno de los que habló con la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIM, es un teniente coronel de la Aviación, de apellidos Ramos Lozada. En marzo, este oficial trabajaba en la Ayudantía del Viceministerio de Educación para la Defensa.
Ramos Lozada indica que un general conversó con él luego de los actos del 5 de marzo en Maracay para conmemorar la muerte de Hugo Chávez (“la siembra”, dice en los informes). Allí supuestamente lo invitó a participar en un “alzamiento militar”.
Según el delator, el general decía que el movimiento involucraba a “un número significativo de oficiales” descontentos por cosas tales como la escasez de alimentos y la creciente deuda con China. Anunció que las acciones comenzarían entre el 20 y el 21 de marzo. El nombre de Julio Borges volvió a saltar.
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