Como una «mala idea». Así calificaron desde Human Rigths Watch la Resolución del Ministerio de la Defensa que permitiría a los militares usar armas de fuego en manifestaciones en las que haya «violencia mortal», en especial luego de las decenas de denuncias de abusos y excesos contra uniformados que se registraron en el país durante la ola de protestas del año pasado.
«Los venezolanos tienen buenas razones para temer que la intervención de militares, que están entrenados para situaciones de guerra y no para controlar el orden público, sólo agrave la situación», afirmó el director del Programa para las Américas de la organización, el chileno José Miguel Vivanco, en un comunicado de prensa.
El activista pidió al Gobierno que derogue la resolución y que libere a las personas que siguen encarceladas por protestar, en particular el opositor Leopoldo López.
La solicitud la formuló el mismo día que se cumplió un año de los sucesos registrados en Caracas tras la marcha estudiantil y opositora por el Día de la Juventud, en la cual tres personas fallecieron y que desencadenó una ola de protestas que se extendió hasta junio.
Human Rigths Watch reconoció que durante las manifestaciones de 2014 algunos participantes cometieron actos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, constató que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni intervenían en hechos violentos. Algunos de los abusos más severos documentados fueron cometidos contra personas que no participaban en las manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.
La organización se quejó que la mayoría de estos casos permanezcan impunes.
El martes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que de las 238 investigaciones que abrió contra policías y militares sospechosos de incurrir en abusos y excesos, llevó 13 casos (5,5%) a los tribunales; mientras que en 189 (79%) pidió liberar a los señalados porque tras investigarlos consideró que no había motivos para enjuiciar a los señalados y 19 los archivó por falta de pruebas.
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