La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia De Ceballos, condenó este miércoles el asesinato del joven de 14 años, Kluiberth Roa, asesinado este martes 24 de febrero tras recibir un disparo en la cabeza de un policía nacional bolivariano. Asimismo, De Ceballos condenó el decreto 006810, que ordena el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.
“No hubo un hecho aislado, lo que hubo fue un asesinato. Les hablo no como alcaldesa, sino como madre tachirense, que me solidarizo con las miles de familias que pierden a sus hijos cada día en el país. El asesinato de Kluiberth Roa se suma a los miles de caídos por armas del Gobierno”.
Exigió justicia para las familias venezolanas que han perdido a sus seres queridos, al mismo tiempo que instó a todos los ciudadanos alzar la voz para que este hecho no se repita. “Respeto ante el dolor de la familia venezolana que no recibe justicia, pues se nos pretende hacer ver que se hace justicia simplemente porque se detiene a un Policía Nacional Bolivariano, que es también joven y moralmente muere. Tenemos que luchar más que nunca para que esto no pase de nuevo”. “No debe ocurrir ni una muerte más en Venezuela. Mucho menos en manos del gobierno que, por ley, debe garantizar la vida de todos los ciudadanos”.
La máxima autoridad de San Cristóbal estimó que con la resolución 00861, “han legalizado la pena de muerte en Venezuela. Una muerte, que se les aplica a los jóvenes, a los estudiantes y a todos los que piensan distinto y luchan por un mejor país. A quienes tratan de minimizar hechos tan graves, no se laven las manos con condolencias hipócritas. Existe un vínculo directo entre estos lamentables hechos y la aplicación de medidas que ya acumulan dos situaciones de abaleados durante manifestaciones en Táchira”.
Recordó que la entidad aún no se recupera del tiroteo de los que fueron víctimas tres estudiantes en los alrededores de la Universidad Católica (UCAT). “Lo que derivó en la destitución del jefe policial, cuando ocurre este nuevo trágico hecho. El asesinato del liceísta Kluiberth Roa, de sólo 14 años de edad, es consecuencia de una resolución que viola derechos universales como la vida. ¿Qué clase de peligro representaba el niño con su morral? ¿Qué riesgo era Kluiberth para fuerzas policiales que accionaron a mansalva contra él quitándole la vida? Como madre hago un llamado a seguir luchando, sin miedo, en paz, por la vida de nuestros hijos y por los derechos de todos los venezolanos”.
Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal repudia asesinato de bachiller durante protesta
El concejal José Vicente García, presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos del Concejo Municipal de San Cristóbal, manifestó su repudio a lo que consideró una nueva “respuesta violenta por parte de los cuerpos de seguridad amparados en el Decreto que da licencia para matar emitido por el Ministerio de la Defensa”.
García exhortó a los cuerpos de seguridad del Estado a un cese a la represión contra la juventud venezolana. “Hoy más que nunca hacemos un llamado a los cuerpos de seguridad para que tomen conciencia de la situación que atravesamos, no se puede disipar en una protesta de estudiantes con balas, no se pueden matar a los jóvenes porque piensan distinto y piden un cambio para un mejor país. Ha quedado claro que esta resolución del general Padrino López es la resolución de la muerte, la resolución de la violencia, una licencia para matar”.
El también dirigente de Voluntad Popular aprovechó para hacer un llamado al gobernador Vielma Mora para que haga una investigación clara de los hechos ocurridos en el Estado. “Busque a los responsables de este asesinato dentro de los organismos de seguridad presuntamente implicados en este hecho, despreciable desde todo punto de vista, pues es otro chamo más el que deja su vida en las calles producto de la intolerancia del gobierno”.
Agregó el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos del concejo Municipal de San Cristóbal que iniciaron desde su despacho la investigación correspondiente con la asesoría del Foro Penal venezolano para velar por los derechos de los estudiantes que son reprimidos y asesinados durante las manifestaciones.
DC| PRENSA VP /
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