Durante el gobierno del fallecido presidente Chávez, al menos tres ex viceministros, el ex jefe de inteligencia, un ex ejecutivo de PDVSA y un empresario cercano al mandatario presuntamente manejaban fondos en España “procedentes de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano”.
La unidad antiblanqueo de Estados Unidos precisó que “parte de la cúpula oficialista aprovechaba su posición de poder para hacer negocios propios a espaldas de su pueblo».
Según fuentes policiales, entre los clientes de Banco Madrid figura el que fuera en la pasada década viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos, dicha investigación, le atribuye sociedades en Madeira e Islas Vírgenes y es considerado muy cercano al actual embajador de Venezuela ante la ONU Rafael Ramírez.
Javier Alvarado parece también entre los clientes de Banco Madrid. Según el exembajador Otto Reich, el hijo de Alvarado recibió sobornos que se materializaron posteriormente en adjudicaciones para el desarrollo eléctrico del país. Las fuentes policiales consultadas consideran inaudito que Banco Madrid no comunicara al Sepblac ni realizara un seguimiento especial de estos clientes. El consejo del banco y la propia entidad han sido expedientados por faltas graves y muy graves.
En el grupo aparece también el empresario de seguros Omar Farías, quién según en las investigaciones del Sepblac, aparece como un personaje clave con posibles cuentas B en el Banco Madrid relacionadas con operaciones turbias del gobierno en el exterior. La entidad española llegó a bloquear una operación de 13 millones realizada por Farias, pero no realizó investigación alguna.
Carlos Luis Aguilera Borjas, es también otro cliente del Banco de Madrid, ex director de Seguridad del Gobierno. Borjas administra en España la sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria y es además uno de los principales accionistas y consejeros de Constructora Girardot 53, una de las empresas agraciadas a finales de la pasada década con obras en el metro de Caracas, siendo Chávez presidente.
También del aparato de Seguridad de Chávez es otro cliente del banco, el ex viceministro Alcides Rondón. Es uno de los casos en los que la entidad incumplió, según los investigadores, su obligación de realizar un examen especial, tal como establece la ley.
Es el mismo caso de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de la petrolera PDVSA, también cuando era presidida por Rafael Ramírez. Esta gigantesca empresa venezolana, clave para la economía del país, figura de forma destacada en el informe estadounidense como importante plataforma de fondos.
Todos estos ex funcionarios venezolanos aparecen en la relación de clientes descubiertos en la filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA), sin que la entidad tomara las medidas necesarias para evitar que blanquearan dinero, incumpliendo de forma muy grave la normativa española.
El duro informe estadounidense afirmó que «BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano». No dio nombres, aunque sí aseguró que se trata de «una red que contó con BPA para depositar ganancias de corrupción pública».
DC | Elmundo.es