La situación humanitaria de Colombia sigue siendo delicada a pesar de los avances para reducir la intensidad del conflicto armado logrados en los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC, según el informe de 2014 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) divulgado hoy.
El documento contiene datos sobre violaciones a los derechos humanos tales como desapariciones, desplazamiento forzado, muertes, amenazas, violencia sexual, contaminación por armas, destrucciones de bienes civiles, limitaciones a los medios de vida y otras infracciones.
«En 2014 hubo amenazas, muertes, heridos, desplazamientos, sufrimiento en general, pero debemos reconocer que hay esfuerzos para cambiar esta situación», manifestó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, en la presentación del informe «Colombia: Situación humanitaria. Acción 2014 y Perspectivas 2015»,
Entre esos esfuerzos mencionó la decisión de las FARC de declarar un alto el fuego unilateral e indefinido, vigente desde el pasado 20 de diciembre, y el anuncio de no reclutar más menores de 17 años para sus filas, así como la orden del pasado martes del Gobierno de suspender por un mes los bombardeos a los campamentos de esa guerrilla.
Según el CICR, «el conflicto armado y otras formas de violencia siguieron poniendo a prueba a los colombianos» el año pasado y algunos problemas, como el de las desapariciones, crecieron.
El estudio señala, con base en datos de organismos oficiales, que 10.798 personas fueron reportadas como desaparecidas en el país en 2014, un 44,6 % más que en 2013, fenómeno que considera de «niveles descomunales».
De ese total, 7.257 personas siguen desaparecidas, mientras que 3.235 aparecieron vivas y 306 muertas.
«Las desapariciones son un desafortunado tributo que la sociedad colombiana ha tenido que rendir a la violencia», dijo el coordinador de Protección del CICR, Max Furrer.
Según el experto del CICR, «esta tendencia está aumentando» pues del acumulado de 100.316 personas desaparecidas en el país a diciembre pasado, 72.544 seguían en esa situación, mientras que en 2013 eran 67.195 de las que no se sabía el paradero.
«Estamos hablando de un fenómeno que impacta el desarrollo del país, especialmente el desarrollo social», agregó Furrer, pues aparte de golpear al desaparecido y sus familias, genera problemas económicos cuando la persona de la que se pierde el rastro es quien sostiene el hogar.
El CICR documentó en su informe 56 muertes de civiles y otras personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y conoció 655 casos de personas amenazadas, las cuales recibieron asistencia de ese organismo.
Estas cifras hacen parte de un total 875 presuntas infracciones al DIH registradas en el país el año pasado, un 41,8 % más que en 2013.
El organismo también brindó ayuda a más de 80 víctimas de violencia sexual, rehabilitación física para unas 130 afectados por «contaminación por armas» (explosivos abandonados) y atendió 20 emergencias por desplazamientos forzados, entre muchos otros auxilios a la población castigada por la violencia.
Durante el año pasado el CICR prestó ayuda a unas 230.000 personas en zonas de conflicto y otras situaciones de violencia, recordó el jefe de la organización humanitaria en el país.
«Continuaremos haciendo esfuerzos para mejorar la respuesta humanitaria para que las personas vean que el impacto para ellos es real, no solamente intenciones», agregó Harnisch.
Ante el delicado panorama, el CICR ve «con cierto optimismo» los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC en Cuba por la nueva realidad «que podrían traer al territorio colombiano y a las vidas de millones de mujeres y hombres que no han conocido otra Colombia que la de la guerra», señala el documento.
«Es importante que el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC logre mejorar la situación humanitaria de la población en el país», dijo Harnisch.
El CICR, que está en Colombia desde 1969 y cubre el país desde Bogotá y cuatro sedes regionales en las ciudades de Medellín, Cali, Bucaramanga y Florencia, también fue mediador el año pasado para la liberación de 19 personas, entre militares y civiles, secuestrados por grupos armados ilegales.
DC | EFE