La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) evaluará si podrá investigar las denuncias del presunto lavado de dinero por parte de los funcionarios venezolanos en la Banca Privada de Andorra (BPA) tras ser aprobada por mayoría este martes en el parlamento.
La propuesta fue hecha por el diputado opositor, Julio Montoya, quien calificó que la situación se debe evaluar en la AN porque implica 4.200 millones de dólares, «la mitad de lo que se necesita para resolver del sector alimentos».
Así mismo, el diputado Pedro Carreño dijo que la comisión deberá realizar la investigación pero antes, presentarán pruebas «fehacientes» y que se demuestre que existe lesión al patrimonio público, ya que, a su juicio, esas denuncias forman parte del plan desestabilizador contra la revolución.
En este sentido indicó que las acusaciones contra los funcionarios pretenden ser un hecho subjetivo para congelar bienes de Pdvsa, ya que es el blanco para atacar la economía venezolana.
Finalmente Carreño reiteró que la comisión no llevará pruebas como recortes de periódicos sino más bien se cumplirá legalmente con la constitución.
DC | 2001