La detención de Jesús Valbuena durante un procedimiento realizado por funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) en plena avenida Bicentenaria de Santa Rita, cuando intentaba cobrar una vacuna para devolver un camión 350 robado, avala el verdadero escenario que se registra en la Costa Oriental del Lago con los procesados judiciales. Los delincuentes reciben casa por cárcel con patrullaje permanente como respuesta a la prohibición de enviarlos al Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas.
Valbuena goza de una medida cautelar tras cometer el delito de robo genérico en diciembre de 2014, y desde entonces por el poco patrullaje policial decidió volver a extorsionar, robar y probablemente hasta matar. A otros sospechosos los envían a los calabozos de los comandos y deben convivir hasta 20 internos en espacios de dos metros cuadros.
Los comandos policiales en la COL no cuentan con espacios para albergar a un alto número de procesados. En el caso de la Policía científica de Cabimas, en una habitación de dos metros de ancho por dos de largo había, hasta el fin de semana pasado, 24 procesados, a uno de ellos el juez de control de la causa le dictó arresto domiciliario tras la amenaza de muerte por el resto.
“Está detenido por robo agravado y por solicitud de un fiscal del Ministerio Público con competencia nacional ahora goza de casa por cárcel, a pesar del grave delito que cometió”, explicó una fuente judicial.
Esta situación provoca malestar en las coordinaciones policiales. “Los calabozos deberían funcionar para detenciones transitorias y no permanentes. Los jefes advierten que no recibirán a otro procesado y es ahí cuando el sistema judicial no sabe qué hacer. Los jueces están de brazos cruzados».
La propuesta del nuevo esquema de detención desprende otro problema, la falta de funcionarios para atender este esquema de privación de libertad de un procesado judicial mientras se realice el acto condenatorio. «Nos preguntamos cómo se controla si el procesado está dentro de su casa cuando no hay policías suficientes que garantiza la seguridad de la población”.
La fuente indica que “nadie puede hablar sobre el tema, cómo te defiendes cuando el estado de derecho está subordinado ante la política. Nadie se atreve a denunciar, ni los jefes policiales y mucho menos los jueces, pero es una realidad que se vive a diario”.
El especialista
La sobrepoblación de los calabozos de los comandos de las policías municipales y regionales ha generado huelgas, motines, asesinatos y enfrentamientos entre internos y oficiales. Uno de los casos más críticos se reportó en la División de Aprehensión de la Policía científica en El Rosal, Caracas, donde se fugaron 42 detenidos el mismo día. No le otorgaron cupos en las cárceles, golpearon el muro hasta que este cedió y huyeron.
Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, la situación en el país es crítica en todos los estados. Estima que exista un 70 por ciento de hacinamiento en los calabozos, equivalente a unos 14 mil 500 reclusos, viviendo en habitaciones pequeñas. «Hacen sus necesidades en envases plásticos, no se les proporciona alimentación, duermen unos de pie y otros sentados. Es la máxima expresión de la violación de los derechos».
El abogado ve como una opción otorgar casa por cárcel a quienes cometan delitos menores. «Bajo ningún concepto debe favorecer esa medida a los homicidas, a los violadores, a los extorsionadores ni a los traficantes». Explica que existen brazaletes electrónicos que permite la ubicación y certeza de que el detenido permanece en su residencia, «lo lamentable es que en el país no contamos con esa tecnología» y no se puede garantizar que el detenido cumpla con esa medida cautelar.
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