Vileana Meleán fue destituida del cargo de juez presidenta del Circuito Penal del Estado Zulia, por decisión de la Comisión Judicial que preside la Vicepresidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La decisión de destitución de la funcionaria era esperada, en cualquier momento, por el cuestionamiento que se hacía a su gestión desde tiempo atrás, siendo los últimos acontecimientos los que provocaron su salida de tan importante cargo.
Cabe destacar, que esta juez es esposa del diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia, José Luis Acosta.
La ejemplar decisión está vinculada al caso de la entrega ilegal de gran cantidad de camiones —decomisados a sus dueños por las autoridades de Resguardo Nacional: la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos pertenecientes a los otros componentes de la Fuerza Armada Nacional— que estaban incursos en el contrabando de extracción, que tanta ruina y desolación han causado a la nación y al pueblo, con la salida ilegal y ruinosa de gasolina y el desabastecimiento de alimentos, medicinas, artículos del hogar, de higiene personal, electrodomésticos, baterías de automóvil, cauchos, lubricantes, etc, sacados a Colombia por los «bachaqueros», en combinación perfecta con los cómplices que, desde las sombras, han atesorado millonarias fortunas.
QUÉ PASA, en exitosa investigación periodística, destapó la olla de la criminal entrega de los camiones y la denuncia causo la detención de jueces, secretarias, auxiliares de justicia, alguaciles, etc, y donde se vieron involucrados también funcionarios del Ministerio Público, sin que hasta la fecha se haya producido ninguna decisión contra los representantes de la vindicta pública, presuntamente involucrados en tan fabuloso y muy rentable negocio, pero que tanto daño ha causado al país.
Obligación de cambiar abogados
Otro de los graves señalamiento que se le hacen a la presidenta destituida, Vileana Meleán, es la exigencia que se hacía a determinados procesados requiriéndolos cambiar de abogado defensor, para designar los que se le sugerían, cosa que levantó un clamor de reclamos entre los abogados privados discriminados.
Otra: Designación de defensores Públicos
En la llamada Operación «Cayapa», llevada a cabo en el Retén Policial El Marite, se cometieron cantidad de arbitrariedades y actos severamente cuestionados, pues a los presos se les imponía reconocerse culpables de los delitos que se les imputaban o serían trasladados a cárceles fuera del Zulia, con las consiguientes consecuencias.
Entre estos efectos estaban los ilegales retrasos procesales, y a fin de que los presos se sintieran obligados a aceptar el «Pacto de Libertad», se les impedía ser atendidos por sus abogados defensores y tal misión se le encomendaba a defensores Púbicos, siempre sujetos a las —sabias orientaciones que se les daba en bien de la justicia—, todo lo cual trascendió en medio del mayor escándalo público.
Posibles sustitutas
Al cierre de esta edición se supo extraoficialmente que la magistrada que asumiría la Presidencia del Circuito Penal, sería escogida entre la juez Élida Ortiz, miembro de la sala 2 o la juez Vanderella Andrade, miembro de la sala 3, ambas salas de la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción Judicial Penal del Zulia.
También se dice, sin confirmación, que la juez rectora, Imelda Rincón, asumiría transitoriamente el cargo que deja vacante la jueza Viliana Meleán, la cual no se sabe, si mantiene el cargo de juez o, por el contrario y dada la situación imperante, sale del Poder Judicial.
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