Durante el 154° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30 ONG representantes de 11 países del continente expusieron ante una audiencia especial titulada «Protesta Social y Derechos Humanos en América», su preocupación por la ccriminalización del derecho a la manifestación en los países de la región.
El coordinador de la ONG venezolana Provea, Rafael Uzcátegui, intervino en representación de la organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela. Relató la existencia de «leyes que criminalizan y obstaculizan el derecho a la protesta», y citó el caso de Rodolfo González.
«Gonzalez fue detenido en una protesta en 2014. Tras 11 meses detenido en las instalaciones de la policia política y sin haber comenzado el juicio en su contra, se suicidó, tras conocer que sería trasladado a una cárcel para presos de delitos comunes sin garantias para su vida y su integridad», dijo.
Uzcátegui también resaltó la «incompatibilidad del permiso previo para ejercer el derecho a la manifestación con las garantías para el ejercicio del derecho mismo».
Por su parte, Gaston Chelier del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, se refierió al uso de armas letales y menos letales «que igualmente causan muertes».
«En Venezuela las protestas de 2014 dejaron un saldo de 43 muertos y 878 lesionados, y el mes pasado murió un adolescente por el disparo de un arma de fuego», señaló con relación al asesinato de Kluivert Roa en San Cristóbal
Chelier recordó que «las protestas sociales expresan demandas de fondo y es necesario que la autoridad favorezca que se canalicen por vías que permitan su atención».
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