Abogados del Foro Penal y representantes legales de los padres del adolescente Kluiber Roa, asesinado el pasado 24 de febrero cuando observaba el desarrollo de una manifestación a una cuadra de la Universidad Católica del Táchira, presentaron una querella contra el agente de la Policía Nacional Bolivariana identificado como Javier Mora Ortiz, único imputado hasta el momento por el Ministerio Público por este hecho.
Omar Silva, uno de los abogados de la ONG, explicó que los delitos por los que están querellando al funcionario son homicidio intencional calificado cometido con alevosía y motivos fútiles, que según el Código Penal, por concurrir dos calificantes, la pena estimada es de 20 a 26 años, uso indebido de arma orgánica y trato cruel. Silva explicó que el agravante es que la víctima es un adolescente, situación prevista en la Ley Orgánica de Protección de los Niños y Adolescentes y que además hubo violación de convenciones o tratados celebrados por la República como la declaración universal de los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a no recibir tratos crueles por parte de funcionarios del Estado.
El grupo de abogados solicitará la realización de experticias con el propósito de desmentir lo dicho tanto por el imputado como por los otros funcionarios que lo acompañaban. “Dieron declaraciones sobre hechos totalmente falsos y las pruebas van a ser tendientes a eso, a demostrar la falsedad que obran en el expediente. Lo que se trata es de reafirmar, confirmar, la no presencia de Kluiber Roa ni en actos vandálicos, ni de agresividad, ni de hostilidad contra los funcionarios policiales ni de las personas que estaban alrededor en ese momento por cuanto se ha tratado de hacer ver que Kluiber estaba realizando actividades de protesta cosa que es totalmente falso porque ni había protesta pacífica ni violenta en el sitio donde se encontraba Kluiber con las personas incluso que lo rodeaban y que fueron brutalmente atacadas por los funcionarios policiales en ese momento», dijo Silva.
Respecto de otras gestiones a llevar a cabo, Silva señaló que se reservan las acciones contra los posibles partícipes, cooperadores, cómplices o encubridores en la muerte del muchacho.
“Comenzado por la dotación del arma del fuego para reprimir una manifestación que se encontraba a una cuadra del sitio donde estaba Kluiber Roa. Partiendo de ese momento y de las instrucciones que fueron dadas a ese grupo de funcionarios, nosotros podemos establecer responsabilidades penales en esa cadena de mando y en los funcionarios actuantes”, indicó el abogado.
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