La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo el lunes que manifestarse es un derecho ciudadano pero que no tolerará la violencia, luego de que se registraran cacerolazos durante un discurso que dio la noche anterior en defensa del ajuste económico.
«El hecho de que Brasil evolucione y garantice el derecho a manifestarse es algo valorado por todos nosotros. Lo que no podemos aceptar es la violencia», señaló durante un acto en el palacio de gobierno.
Las muestras de repudio se hicieron sentir en distintas ciudades, según medios locales, pero los registros periodísticos y videos aficionados divulgados no permitieron determinar su magnitud. En Sao Paulo, donde gran parte de la población apoya a la oposición, se escucharon agravios y pedidos de destitución de la mandataria, que empezó su segundo mandato hace apenas dos meses y diez días.
«La elección se terminó, y no puede haber un tercer turno de elecciones (…) a no ser que se quiera hacer una ruptura democrática», dijo Rousseff, repasando la reñida victoria que obtuvo en la segunda vuelta de los comicios de fin de octubre de 2014.
La potencia sudamericana vive un clima político de gran incertidumbre luego de que la procuraduría general de la República consiguiera la venia de la Corte Suprema para investigar a 47 políticos -incluidos 12 senadores y 22 diputados en funciones- por su supuesto involucramiento en el escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras. Muchos pertenecen al oficialista Partido de los Trabajadores (izquierda) o a partidos que integran la coalición de gobierno.
A las intrigas y tensiones se suma el oscuro momento económico que atraviesa el país.
Hace más de cuatro años que Brasil no consigue hacer despegar la actividad y sus indicadores empeoran mes a mes, con saldos negativos en cuentas públicas, balanza comercial, una inflación en torno a 7,5% y una fuerte devaluación de la moneda.
Para intentar encauzar la macroeconomía, el gobierno impulsa un conjunto de medidas para reducir el gasto público. Y en el suelo fértil del deterioro económico, organizaciones que se definen como apartidarios en las redes sociales, convocaron a manifestarse el domingo en varias ciudades, en favor de la destitución de la mandataria.
Sindicatos y grupos afines al gobierno programaron marchas dos días antes, para «defender la democracia, las conquistas sociales, Petrobras y los derechos de los trabajadores», según reza en el sitio de internet del PT, en una reivindicación genérica del proceso iniciado en 2003 por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La vuelta a las manifestaciones callejeras hace reverberar las masivas y violentas protestas de 2013, que comenzaron con un rechazo a un aumento de la tarifa del transporte y luego se le sumaron numerosos reclamos incluyendo los gastos públicos para la Copa del Mundo de fútbol, de la cual Brasil fue anfitrión un año después.
DC | AFP