El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, recordó que en el asesinato de Kluiberth Roa, registrado el pasado martes en medio de una situación irregular en el estado Táchira, el funcionario involucrado en el crimen fue puesto de forma inmediata ante el Ministerio Público (MP), donde se le imputaron los cargos respectivos y se le colocó como centro de reclusión la cárcel de Santa Ana.
«El Estado de derecho actúo de manera inmediata», dijo el defensor, quien indicó que la actuación de las autoridades contrasta con los hechos ocurridos el 27 y 28 de febrero, conocidos como El Caracazo, en el que no hubo ningún detenido por los más de tres mil muertos registrados en ese momento producto de la represión policial, reseñó AVN.
Además, reiteró que la resolución 008610 se encarga de regular la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), no de la Policía Nacional (PNB), como han querido hacer ver sectores de oposición, expresó en una entrevista realizada en el programa Al Descubierto, transmitido por Venevisión.
La resolución «es para protocolizar como debiera ser la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana para contener una manifestación violenta y armada (…) Hay una confusión demasiado delicada, y es que la resolución no es para normar la actuación de la policía, sino de la Guardia Nacional Bolivariana «, enfatizó.
Agregó que esta resolución todavía no ha entrado en vigencia, debido a que al ser evaluada se detectaron imprecisión, las cuales serán corregidas con apoyo de la Defensoría cuando se le entregue el Manual Operativo de Procedimientos.
Condena a la violencia
Indicó que la preservación de la institucionalidad democrática garantizará un clima de paz en Venezuela, al promover un ambiente «de diálogo, de que no hayan salidas violentas».
Durante la entrevista, Saab también recordó que la Defensoría del Pueblo, así como los órganos del Estado, han manifestado su condena a la violencia, promovida por sectores de la oposición.
Recalcó que Venezuela, desde hace dos años, se encuentra inmersa en una ola de acciones violentas y de intentos de golpe de Estados. Sin embargo, los sectores involucrados no han reconocido tales actos, ocurridos en febrero de 2014.
«Yo observo que cuando la violencia es de manifestantes violentos, la condena por el lado opositor es silencio, pero cuando una autoridad comete un gravísimo error, tú ves cómo hay la condena del Estado, de los poderes públicos y de la oposición. Todo acto violento debe ser condenado, inclusive el ocasionado por el opositor», enfatizó.
Indicó que los funcionarios presuntamente vinculados en excesos, como la muerte de algunos de los venezolanos que perdieron la vida en medio de la violencia promovida por la oposición, están a la orden del Ministerio Público, mientras que los grupos vandálicos involucrados en la muerte de seis guardias nacionales, cuatro policías, ochos motorizados, entre otros, han evadido responder a las autoridades.
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