Hace exactamente un año, la impunidad le cambió la vida laboral al fotógrafo venezolano David Maris. Esta vez la agresión llegó de manos de un funcionario del Estado. El protagonista y victimario de la historia era el propio director de la cárcel militar de Ramo Verde (Cenapromil), Humberto Calles González.
Esta es una de las fotos que tomó el fotógrafo ese día y se salvó porque tenía una tarjeta de memoria en el bolsillo
Maris —un fotoreportero que trabajó para los principales medios impresos del país (El Nacional, Cadena Capriles, El Universal y el Bloque DeArmas)— salió de su casa antes del mediodía de ese viernes 25 de abril de 2014 rumbo a una pauta que como freelancer cumplía para el ABC de España con todo su equipo. Ludmila Vinogradof, la corresponsal en Caracas del diario español, lo había telefoneado para acordar un encuentro para una entrevista con Lilian Tintori, esposa del líder de oposición Leopoldo López, preso en esa cárcel ubicada en Los Teques, estado Miranda.
A lo largo de aproximadamente una hora de camino, a bordo de la camioneta que trasladaba a Tintori, ambos hicieron su trabajo, la entrevistaron y fotografiaron. Al bajar, Tintori sugirió unas gráficas entrando a la prisión. Desde la camioneta, Maris hizo lo acordado, unos cuantos clicks mientras ella se alejaba hacia la entrada de la cárcel , donde su esposo cumplió 14 meses tras las rejas gracias a un proceso viciado que aún no demuestra su culpabilidad.
“De pronto, se acercaron unos siete uniformados de verde, abrieron la puerta de la camioneta y nos hicieron bajar. Me quitaron la cámara y un lente adicional. Me pidieron que los acompañara a adentro, a entrevistarme con el director. Entramos a un edificio administrativo, adjunto a la prisión. Subimos por unas escaleras, un solo piso. Me decían cosas como ‘¿tú eres espía?’ ‘¿y ese equipo cuánto cuesta?’. Me metieron en una oficina y me dijeron ‘siéntate ahí’, yo hacía el gesto de levantarme para hablar y para sacarle la memoria al equipo y decirles qué era lo que podían revisar, pero cada vez que intentaba levantarme me ordenaban como a los perros ‘siéntate’, con la mano estirada. Apenas llegamos a esa oficina me quitaron la cédula de identidad. Eran como las 3:00 pm”.
Maris recuerda que el director coronel Calles González iba y venía e impartía órdenes “¿le quitaron la cédula?”, “la cámara no se la vamos a devolver”. Los subordinados comentaban sobre el costo del equipo “mi coronel, eso cuesta cientos de millones dólares”; otros comentaban que se trataba de “alta tecnología de espionaje”.
Un equipo similar a este fue el que le quitaron. La suma de sus partes asciende a 4.500 dólares aproximadamente
Calles González mandó a elaborar un acta de retención, en la que consta que desde entonces ellos son responsables del equipo. “A eso de las 7:30 pm me devolvieron la cédula, me dieron el acta y me dejaron ir, pero mi equipo se quedó retenido”, cuenta Maris.
No obstante, desde el lunes siguiente Maris hizo tres intentos fallidos porque le devolvieran su instrumento de trabajo. “La primera vez no me recibieron, me hicieron devolver de la puerta, del primer retén. La segunda me recibió Calles González y me dijo ‘tu equipo ya no está aquí, lo tiene la Dirección de Contrainteligencia Militar para verificar si es un equipo de espionaje’ y me pidió que volviera después, algún día. Pasaron unos días y decidí aceptar la propuesta de la ONG Espacio Público, quien me asignó al abogado Oswaldo Cali para asistirme”.
En esa tercera oportunidad, Calles González los recibió, “pero el tono fue más agrio porque el abogado directamente lo confrontó por todas las irregularidades del procedimiento, del tratamiento que se me daba como civil, de la toma ilegal de equipos… fue una discusión fuerte en la que el coronel le respondió que ese era un recinto militar y que allí mandaba él”.
Espacio Público propuso introducir una demanda formal por robo en Atención a la Víctima, en la Fiscalía. Al cumplirse un año del episodio, aún espera por un fiscal que tome el caso y proceda.
El caso de David Maris se conoció gracias a algunos medios nacionales e internacionales, además de organizaciones como Espacio Público e Ipys Venezuela, periodistas, redes sociales, y el encuentro con los expresidentes Sebastián Piñera y Andrés Pastrana —quienes se mostraron interesados en el caso—. Pero hasta ahora, el panorama de justicia es turbio y Maris debió sortear un año duro en la economía venezolana, sin la posibilidad de emprender trabajos como los que hacía con sus herramientas.
Sin embargo, el caso llegó a oídos de la organización inglesa Rory Peck Trust que protege a los reporteros independientes en zonas de conflictos. Es decir, aquellos que no están amparados por un medio de comunicación. Nunca les había tocado apoyar en Venezuela, pero ya habían mirado hacia acá por el robo de la cámara de la corresponsal italiana Francesca Commissari. A ella le arrebataron el equipo en durante una protesta y luego lo ofrecieron en Mercadolibre.com. Pero gracias a eso pudo recuperarlo.
Rory Pech Trust supo de lo ocurrido con David Maris y luego de una verificación de los hechos, le aprobaron una indemnización parcial por lo sucedido. Es la única gran noticia después de un año de sinsabores. “Es bueno saber que sí sirve que afuera se sepa lo que está pasando en Venezuela. El país entró en la categoría de lugares peligrosos para ejercer periodismo. Es la razón por la que organizaciones como estas apoyan a la gente aquí, que vive dentro de un ambiente de impunidad donde el propio Estado es quien te agrede en lugar de protegerte, es increíble que sea una ONG la que te da la mano. Yo no tengo cómo agradecerles”.
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